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Está previsto que esta semana empiece a debatirse el futuro de 64 locales que trabajan como night clubs, casas de citas, lenocinios o cabarés, en zonas donde no está permitida su operación. Estos establecimientos podrían acogerse a un procedimiento especial de licenciamiento, conservando el uso de suelo incompatible.

Se trata de negocios instalados desde hace décadas en zonas ahora catalogadas como residencial urbano de tres tipos: uso múltiple, uso agrícola-residencial y o de protección ecológica. Es decir, en sitios donde su actividad es incompatible por el uso de suelo autorizado.

La lista de locales que pertenecen a la categoría CM1 (para trabajo sexual) podrían lograr una solución definitiva a las constantes clausuras de las que son objeto. Participaron de un censo mediante el cual pudieron probar, con documentos de diversa índole, algún tipo de preexistencia antes del 2012 o una Licencia Única de Actividades Económicas desde ese año hasta la fecha.

La propuesta consta en un proyecto para reformar la Ordenanza 127, que en julio del 2016 aprobó el Plan de Uso y Ocupación de Suelos de Quito. En la normativa se incluyó una disposición transitoria que establece una limitación definitiva a los establecimientos CM1 destinados a trabajo sexual y que deben estar en zonas cuyo uso de suelo sea industrial.

Además, puso un plazo para una reubicación definitiva de aquellos que estuvieran funcionando en un sitio con uso de suelo compatible. Esto significaba regulaciones y sanciones para los propietarios.

Según el concejal Jorge Albán (AP), miembro de la Comisión de Uso de Suelo, esto no significa un cambio que se aplique en los sectores en donde están ubicados los centros de trabajo sexual del listado ni tampoco para este tipo de locales a nivel general.

El edil explica que se trata del planteamiento de una solución únicamente para los locales que puedan demostrar su preexistencia. Lo pueden hacer si tienen documentos de la Intendencia de Policía, del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, que alguna vez les haya servido como un permiso de funcionamiento.

Pero resalta que la entrega de esta licencia no se hará a la ligera, sino exigiendo que los propietarios de los centros cumplan con normas técnicas de seguridad, de salud, de movilidad y de convivencia.

“Se busca una solución más definitiva al asunto. Año a año se viene con el lío y los locales son clausurados, cerrados, chantajeados o se vuelven a abrir por autorización de alguien”, dice Albán y agrega que es necesaria una solución.

El proyecto de reforma constaba en el orden del día de la última sesión ordinaria del año pasado, pero su tratamiento para primer debate fue postergado debido a que un informe técnico que sustentaba el proyecto no llegó a tiempo a los despachos de los concejales.

Antes, tanto ese informe como la reforma fueron discutidos en 10 sesiones de la comisión del Concejo entre el 4 de septiembre y el 20 de diciembre del 2017. Además, se realizaron ocho mesas de trabajo entre agosto y noviembre e inspecciones a varios locales.

De este trabajo se definió que si la normativa es aprobada en segundo debate, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda tendrá un plazo máximo de 60 días para elaborar un reglamento que fijará las condiciones bajo las cuales se entregarán las licencias.

Esta entidad deberá coordinar el reglamento con las secretarías de Seguridad, de Inclusión Social y de Movilidad, además del Cuerpo de Bomberos. Luego se recibirán las solicitudes. Todo el proceso tomará entre tres y cinco meses.

Según el titular de Territorio, Jacobo Herdoíza, los dueños de los locales podrán conseguir el permiso si diseñan un plan de convivencia que debe salir de un acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social y en el que se garanticen las normas de integración con el tejido social circundante.

El funcionario explica que la idea es dar un permiso especial a los establecimientos que no han tenido un tratamiento fijo y jurídicamente seguro, pero agrega que los permisos requieren de una inversión importante de los dueños. Herdoíza señala que el otro escenario era una clausura definitiva, pero esto significaba mover a las trabajadoras sexuales a otros locales incluso clandestinos o trabajar en la calle sin ningún tipo de garantía de seguridad para ellas.

Los locales que participen de este proceso deberán mejorar sus instalaciones para cumplir con la normativa del Cuerpo de Bomberos contra incendios. Además, tendrán que instalar botones de pánico, cumplir con reglas sobre el tamaño de locales, sus corredores, puertas, etc.

Otro punto importante es el sanitario: deberán tener baños adecuados y cada local estará obligado a cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud en materia de higiene y seguridad del personal. El objetivo es subir el estándar de calidad de servicio. (Diario El Comercio)

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