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Los asesinatos de activistas son ahora una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional.

Cada tres días matan a un activista o defensor de Derechos Humanos en Colombia, un país en vías de solucionar el último conflicto armado de América, denunció ayer la Defensoría del Pueblo.

El ombudsman, Carlos Alfonso Negret, indicó que entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se asesinaron a “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de Derechos Humanos”.

La mayoría de las homicidios han ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal, como los departamentos del Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18) y Valle del Cauca y Chocó, ambos con 16 cada uno.

La entidad encargada de velar por los Derechos Humanos en Colombia no precisó quiénes son los responsables de los homicidios.

“Hemos dicho basta ya, ni un líder social más asesinado en Colombia porque lo que requerimos es paz y tranquilidad”, agregó Negret.

Qué dice el Gobierno
Según el presidente saliente Juan Manuel Santos, desde 2016 hasta marzo de 2018 han sido asesinados 160 líderes comunales y de Derechos Humanos en acciones atribuidas a diferentes grupos y motivaciones.

Los homicidios de activistas son uno de los principales reclamos de la disuelta guerrilla comunista FARC, que en noviembre de 2016 firmó un acuerdo de paz que la transformó en partido político.

Los rebeldes temen que ocurra un exterminio similar al perpetrado en las décadas 1980 y 1990 por paramilitares de ultraderecha, en complicidad con agentes estatales contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), surgido de unas fallidas negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno.

Además de la paz con las poderosas FARC, Santos negocia en Cuba con el guevarista ELN, al que reconoce como la última guerrilla activa del país. Los diálogos se desarrollan en medio de la conflagración.

El conflicto armado colombiano entre guerrillas, paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y agentes estatales ha dejado en medio siglo ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

MARCHA. Un grupo de personas lleva una pancarta alusiva a la situación de los defensores de Derechos Humanos. (Semana)

Más muertes tras acuerdo
Algunos analistas aseguran que dicho acuerdo ha derivado en una disminución general en las tasas de homicidios. Pero en un informe, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que activistas y líderes sociales están siendo atacados por narcotraficantes, escuadrones de la muerte de derecha y grupos rebeldes más pequeños.

El reporte agregó que el retiro de las FARC de algunas zonas remotas de Colombia ha detonado una feroz disputa entre grupos delictivos por el control de los bienes que solían estar en poder de las guerrillas, incluyendo las rutas de tráfico de drogas y los campos de coca usados para la elaboración de cocaína.

Los activistas pro Derechos Humanos han quedado atrapados en medio de esta nueva lucha.

 Los enfrentamientos
La agencia de la ONU criticó además la política antidrogas de Colombia y dijo que la erradicación forzada de cosecha ilegal de coca ha causado fuertes enfrentamientos entre agricultores y policías. En octubre, siete granjeros fueron asesinados en el empobrecido distrito de Tumaco mientras trataban de impedir que los soldados erradicaran plantas de coca. El incidente se encuentra bajo investigación.

EL DATO
Desde la firma de la paz, al menos 40 excombatientes de las FARC y familiares de exguerrilleros han sido asesinados.
Según el reporte, a varias comunidades en zonas aisladas del país les fueron prometidos programas de sustitución de cosechas, pero luego fueron obligados a la erradicación. Estos “mensajes contradictorios” han llevado a algunos pobladores a la esfera de influencia de grupos delictivos, aseveró.

Guerra de grupos
El coronel José Restrepo, director de la unidad de élite de la Policía encargada de investigar estos crímenes, señaló a Caracol Radio que por ahora “se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”.

En su mayoría, indicó, pertenecen a grupos disidentes de las FARC, que actúan como cárteles mafiosos disputándose el control de la producción de hoja de coca, y el Clan del Golfo, la principal organización criminal dedicada al narcotráfico de Colombia.

Más muertes
Ayer fue asesinada en el municipio de Cáceres, en el noroeste del país, Ana María Cortés, coordinadora local de la campaña electoral del candidato izquierdista Gustavo Petro. El martes, Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio de Tumaco, recibió un disparo en la puerta de su casa.

Estos asesinatos son un reflejo dramático de la precaria situación por la que todavía atraviesa el campo colombiano.

A la habitual indefensión de los líderes comunitarios, en el punto de mira de caciques locales y redes mafiosas, se suman desde la firma de la paz los problemas derivados de los enfrentamientos entre las bandas criminales. (Diario La Hora)

La coca bate récord
°  Los cultivos de hoja de coca aumentaron un 11% en 2017 y superaron las 200.000 hectáreas –más de 23.000 están concentradas en Tumaco–. Es decir, batieron un nuevo récord, según la Oficina de Control Antidroga de Estados Unidos. En este negocio actúan principalmente los cárteles mexicanos.

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