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Carlos Ochoa, glosado y multado por la Contraloría, no solo tiene en su historial centeneres de sanciones contra medios de comunicación, muchas de ellas polémicas y cuestionadas por los más importantes organismos internacionales que defienden la libertad de expresión. Pero el funcionario ha sido llevado también a instancias judiciales como el Tribunal Contencioso Administrativo. Más de una decena de procesos se tramitan allí. Los medios reclaman por las multas y sanciones impuestas. Ya hay una primera sentencia contra la Supercom.

Carlos Ochoa ha dicho que terminará su periodo frente a la Superintendencia de Comunicación (Supercom) hasta el 15 de octubre de 2018. Pero el informe de la Contraloría emitido el pasado 7 de diciembre podría cambiar su plan. Dos glosas por USD 115.811, una multa por USD 7.320 y una sanción administrativa de destitución se suman a un historial cargado de polémicas frente a la Supercom.

¿Qué historial dejaría Ochoa en caso de ser destituido? Sin duda es en la Supercom donde su figura tomó revuelo en la coyuntura nacional. No solo por ser el primer funcionario nombrado por Rafael Correa para dirigir la primera entidad de control de los medios de comunicación instaurada tras la aprobación de la Ley de Comunicación (LOC), sino por el historial de resoluciones y actuaciones sobre su escritorio. A mayo de 2017, en su última rendición de cuentas, la Supercom registró 345 procesos, de los cuales el 65% recibió una sanción.

El carácter sancionador de la Supercom ha sido su principal muletilla. De las sanciones la más común fue la multa, presente en el 57% de la muestra. Otro hallazgo: todos los casos iniciados por la Supercom terminaron en sanción. Y de estas sanciones, el 48% fue aprobado por Ochoa.

El carácter sancionador de la Supercom ha sido su principal muletilla. El estudio “El delito de expresarte”, de Fundamedios, sobre la base de 606 procesos determinó que el 67,53% de los casos analizados fueron iniciados por la Supercom o por funcionarios públicos. El 94% de los medios procesados fueron privados y los derechos más vulnerados por los medios, según la Supercom, han sido los deontológicos, que incluye la honra de las personas, impedir la censura, linchamiento mediático, etc. De las sanciones la más común fue la multa, presente en el 57% de la muestra. Otro hallazgo: todos los casos iniciados por la Supercom terminaron en sanción. Y de estas sanciones, el 48% fue aprobado por Ochoa.

La sentencia que tardó más de tres años

Pero Carlos Ochoa tiene otro expediente poco conocido:  el de los reclamos de los medios que han demandado al funcionario por sus resoluciones. A los tribunales contenciosos administrativos de Quito y Guayaquil han llegado más de una docena de denuncias contra Ochoa. La mayoría está en trámite. Pero solo tres, de las que ha registrado Plan V, han llegado a sentencia. Y de estas solo una ha sido a favor de un medio.

Se trata de la resolución del 23 de agosto de 2017 del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo en Guayaquil. Fue el fallo de los jueces Ángel Enrique Vera Lalama, Jorge Luis Guevara Carillo y Kelvin Petronio Sánchez Romero que anula la actuación de la Supercom contra la caricatura de Bonil sobre el allanamiento que hizo la Fiscalía a la casa del activista Fernando Villavicencio. La imagen fue publicada en diario El Universo el 28 de diciembre de 2013 y con ella la Supercom estrenó la recién aprobada Ley de Comunicación.  El 15 de enero de 2014 abrió un proceso contra el medio y en 15 días resolvió sancionarlo con una multa equivalente al 2% de la facturación promedio de los últimos tres meses.

Según la Supercom, El Universo no se abstuvo de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura de Bonil. El medio llevó el caso a instancias judiciales en mayo de 2014 y solo tres años después, tras la salida de Correa del poder, llegó a una sentencia.


Exteriores de la Supercom en Quito. El órgano ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por ser juez y parte. 

Esta resolución, quizá la primera contra la Supercom, adquiere un valor simbólico pues rechaza los argumentos de la Supercom de su primera resolución usando la Ley de Comunicación y condenada a escala nacional e internacional. Una sanción además contra El Universo, un medio enjuiciado por el expresidente Rafael Correa, y contra Bonil, el caricaturista más insultado durante el anterior Gobierno. Correa lo tildó de “cobarde”, “mentiroso”, “político disfrazado”. El fallo, de más de 15 páginas, contiene interesantes pasajes como estos:

● “Dice el informe que aquella caricatura generó “agitación social”. En primer lugar, no define la Superintendencia de la Información y Comunicación lo que se debe entender como “agitación social”. Querrá referirse, se presume, al efecto que aquel contenido tuvo sobre la sociedad, y para eso, incorpora al expediente administrativo, una serie de “pruebas” consistentes en impresiones de contenido digital de la plataforma Twitter, las cuales son utilizadas como suficiente fundamento para concluir que en el país hubo “agitación social”, como consecuencia de la difusión de la caricatura”.

● “De fojas 223 a 228, se observa que estos “tuits” hacen referencia no a la caricatura, sino al procedimiento administrativo iniciado por la Superintendencia de la Información y Comunicación en contra del caricaturista y el representante del Diario El Universo; no es el contenido el que generó una “agitación social”, sino la actuación de la Administración que, debido a la delicadeza y trascendencia de la materia a la que debe regular, tiene como normal efecto, el pronunciamiento de las personas, sea en apoyo o en contra de la actividad realizada”.

● “La agitación social a la que se refiere la Superintendencia, no encuentra su nexo causal con la caricatura, por lo que mal se puede considerar el contenido como origen de una conducta social perfectamente saludable en un Estado democrático. A esto, se le agrega que la Ley Orgánica de Comunicación no contempla sanción para contenidos que generen “agitación social”, siendo este un juicio de valor institucionalizado, y no fundamentado jurídicamente”.

● “Sobre la falta de verificación de la información, en las muestras de los artículos de diferentes diarios, existen referencias a las declaraciones del señor Fernando Villavicencio sobre la información que contenían los distintos dispositivos decomisados por la Fiscalía y la Policía Nacional. A foja 47, se observa: “Allí había información importante sobre sus denuncias, por lo que Villavicencio dijo que teme que se alteren esos datos.”. Es decir, la caricatura, se basa sobre información publicada con anterioridad en otro medio de comunicación social, y no es la gráfica misma la que da a conocer acerca de ese dato específico.

● “Por otra parte, la opinión, como ya se estableció, no tiene el fin de informar sobre un hecho, sino emitir un juicio de valor, por lo que la pertinencia de verificar la veracidad de la misma no tiene la misma relevancia que se da a un contenido específicamente informativo. Las opiniones son de carácter personal, y el efecto de la misma siempre recaerá en la persona que la emitió”.

● “Lo anterior se vincula directamente con la acusación de la Superintendencia hacia el Diario El Universo, que se refiere a haber tomado “posición institucional” en los términos dispuestos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación (…). La caricatura hace referencia a un hecho, mas no detalla algún dato específico que pueda llevar a la conclusión de que Diario El Universo, ha emitido un comentario acerca de la inocencia o culpabilidad de una persona”.

● “A la norma contenida en este artículo, se le ha realizado una interpretación extensiva. Es decir, al medio de comunicación, se le quiere adjudicar la responsabilidad del contenido generado por un caricaturista, al encontrarle responsabilidad por el hecho de haberlo publicado. La opinión del Diario, se expresa exclusivamente en el Editorial; existen varios editorialistas que publican en el medio de difusión y su opinión, no refleja la del periódico. La caricatura, tiene un autor, el cual, reconoce su responsabilidad; además, el medio, realiza la advertencia correspondiente”.

● “El argumento de la Superintendencia carece de la solidez necesaria para que surja una motivación pertinente y completa, pues no existe conducta jurídicamente imputable proveniente de Diario El Universo, ameritando, ser sancionada”.

En busca de imparcialidad

Aunque la decisión de la Supercom sobre la caricatura de Bonil fue impugnada, El Universo tuvo que pagar cerca de USD 90.000 por la multa impuesta. Pedro Valverde, abogado del medio, explicó que aunque exista una demanda contra una decisión de la Supercom, la sanción se ejecuta. “La lógica de la Ley de Comunicación es cumplir la sanción sin perjuicio de que esta sea impugnada”, afirma el jurista. En 2014, con un Rafael Correa recién reelecto, el diario pagó bajo protesta para salvaguardar la integridad del medio. Pero ahora que ya tienen una sentencia a favor, tienen previsto demandar al Estado y pedir una reparación.

A los tribunales contenciosos administrativos de Quito y Guayaquil han llegado más de una docena de denuncias contra Ochoa. La mayoría está en trámite.

Valverde recuerda que el medio ha enfrentado más de una decena de procesos en la Supercom, cuyos principales denunciantes han sido instituciones del Estado. Han registrado hasta 7 sanciones. “Cuando había un interés del Gobierno, lo perdimos todos, pero como el tema no queda en la vía administrativa recurrimos al campo judicial”. Hasta el momento, El Universo ha llevado seis casos al Tribunal Contencioso. Entre ellos está, por ejemplo, la sanción que impusiera una multa por el 10% de la facturación del medio de tres meses por negarse a publicar una rectificación diagramada. Todo comenzó con la publicación una noticia acerca de que el Estado debía pagar al IESS USD 1.700 millones. La Secretaría de Comunicación reclamó y pidió que se publique un texto con el titular: ‘El IESS ha progresado y mejorará aún más en los próximos años’. Esta multa llegó a los USD 320.000 por la cual el medio tuvo que poner una garantía bancaria. “Era un mecanismo para imponer verdades a la fuerza”, manifiesta el abogado.

El objetivo de la defensa de El Universo fue llegar hasta el final del mandato de Correa con los procesos vivos en el Contencioso. “Antes de que termine el gobierno de Correa hubo una arremetida muy fuerte para archivar los procesos por supuesto abandono, pero todos están vigentes, algunos listos para sentencia, otros cerrando etapa de prueba”. Pero la sentencia sobre la caricatura de Bonil aún no está en firme. La Supercom impugnó la decisión del Tribunal con un recurso de casación y el trámite legal aún continua. “Es una barbaridad querer sancionar a un medio porque un periodista exprese su opinión. Ochoa sirvió de instrumento para acallar a la gente”.

1 millón

de dólares suman las multas impugnadas por diario Expreso contra la Supercom.

Pero El Universo no es único con un largo historial en la Supercom. Es el caso del Grupo Granasa que edita los diario Expreso y Extra, que registra más de 40 procesos administrativos ante la Supercom. De estos, Granasa ha pagado multas por aproximadamente USD 55.000. Mientras que las multas impugnadas en los tribunales suman USD 1 millón. El Grupo ha demando a la Supercom ante el Tribunal Contencioso en 14 ocasiones: 7 por Expreso y 7 por el Extra.

Priscila Falconí, abogada el Grupo, tiene estas cifras. Ella lleva la defensa de los dos medios y sostiene que existe una especie de ensañamiento por parte de Ochoa sobre todo con diario Extra. Entre los casos más recordados está la sanción a ese medio por el ‘Lunes sexy’, por el titular “De la reunión a la tumba” sobre el fallecimiento del rector Universidad Politécnica del Chimborazo en un accidente, entre otros.


Carlos Ochoa cuestionó a diario Extra por el titular “¡De la reunion a la tumba!”. 

Sobre diario Expreso, en el Contencioso está una demanda contra Ochoa por la sanción sobre una nota acerca la Refinería del Pacífico. El medio recogió en su artículo el informe de la Contraloría que glosaba con USD 29,3 millones a las empresas relacionadas con los trabajos en esa obra. Ahora la Refinería ha sido una de las obras más cuestionada por sobreprecios y relacionada a juicios como el de Odebrecht. “Expreso pagó una multa por USD 41.000 y el argumento de la Supercom fue que el medio había puesto una posición institucional sobre la culpabilidad de las personas involucradas”, explica la abogada.

“No es el contenido el que generó una “agitación social”, sino la actuación de la Administración que, debido a la delicadeza y trascendencia de la materia a la que debe regular”, dice sentencia del Tribunal Contencioso contra Ochoa.

Expreso tiene dos sentencias en contra el Contencioso. Una sobre Extra por la multa de USD 168.000 y otra sobre Expreso por una réplica de Petroamazonas. El Grupo impugnó ambas resoluciones con un recurso de casación y una acción extraordinaria de protección. “Ochoa no ha sido imparcial, ha usado esta herramiento para acallar y perseguir. Un tema grave ha sido el de las multas sobre la facturación de los medios, no sobre la utilidad después de pagar a los empleados. Es una afectación económica severa, muy grave”, añade la jurista.

A los Tribunales Contenciosos también han llegado demandas de medio como Canela, Ecuavisa, en especial por su programa de investigación Visión 360, de diario El Comercio y hasta del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

Sin preguntas y con teleprompter

Más de una vez, el Superintendente ha rehuido a las preguntas en las ruedas de prensa o a las entrevistas en los medio que sancionado. Sobre todo cuando los temas tienen una especial sensibilidad en la coyuntura nacional. Algunos casos:

12 de diciembre de 2017. Ochoa defendió el carácter privado de su contrato con Gama TV por el cual la Contraloría lo glosó y le puso como sanción la destitución. Dijo:
“Nuestro punto de vista legal es que mi contratación como director nacional de Noticias se efectuó como una empresa privada, tengo el contrato correspondiente registrado en el Ministerio de Trabajo, al igual que mi renuncia, lo que ratifica que GamaTV funcionaba como una empresa privada”. Llamó a una rueda de prensa, pero no se permitieron las preguntas.

22 de abril de 2017. Ochoa informó sobre la sanción y multa contra siete medios: Expreso, El Universo, El Comercio, La Hora, Teleamazonas, Televicentro y Ecuavisa. La decisión se debió a que esos medios no publicaron un reporte del medio argentino Página 12, que acusaba sin documentos ni fuentes citadas ni contrastación a Guillermo Lasso como dueño de 49 empresas offshore. Según Ochoa, los medios incurrieron en “censura previa”. Crónicas periodísticas recogieron que el funcionario se limitó a leer en teleprompter su declaración sobre la insólita sanción.

8 de noviembre de 2016. Ochoa rechazó un comunicado conjunto de relatores sobre libertad de expresión. David Kaye, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión; y Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, alertaron sobre graves efectos de la LOC y su aplicación en la libertad de expresión de Ecuador. Ochoa en la conferencia de prensa no admitió preguntas.

12 de marzo de 2016. Diario Expreso publicó que Ochoa, quien estaba por cumplir  tres años en el cargo, no ha concedido jamás una entrevista a ese medio. “Él prefiere la réplica impuesta”. “Este Diario ha solicitado al vocero del organismo de control su participación en temas diversos: el aniversario de la institución sancionadora, el aniversario de la Ley de Comunicación, debates sobre los intentos fallidos de reformar la ley. Esta misma semana, a raíz del castigo con sanción y multa que el organismo resolvió contra este medio, una nueva entrevista fue solicitada. Y una nueva entrevista quedó sin contestar”, narró el medio.

1 de julio de 2014. Ochoa negó que por la Ley de Comunicación, el quiteño diario Hoy dejara de circular. “La crítica situación del diario se reflejó en el continuo y sostenido descenso de su tiraje, que consecuentemente coincide con la reducción de sus ingresos económicos”, manifestó en rueda de prensa donde también admitió preguntas.

22 de junio de 2014. Diario El Universo publica la respuesta de Ochoa a sus pedidos de entrevista. El medio había pedido en tres ocasiones una entrevista y ante la insistencia, el diario envió un cuestionario de 20 preguntas. Pero Ochoa respondió: “Finalmente, y desde mi experiencia periodística le recomiendo comedidamente establecer un tema específico sobre el cual quiera realizar la entrevista y asegurarse que las preguntas tengan que ver con las competencias y responsabilidades del entrevistado en caso de que sea funcionario público”. (Plan V)

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