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Según el presidente Lenin Moreno, la deuda pública del país alcanzaría por lo menos 69 mil millones de dólares, es decir, casi siete puntos del Producto Interno Bruto. Muchos de los compromisos económicos del Ecuador con otros estados, como China, se mantiene en reserva, por lo que una veeduría de expertos, convocada por la Contraloría, busca desenredar el ovillo. Varios analistas, sin embargo, ya habían hecho un estimación similar de todo lo que debe el Estado a pesar de las posibles operaciones de maquillaje contable del correato.

La opacidad fue, junto con el autoritarismo, una de las características del Estado correísta. Con el cambio de Gobierno, se busca transparentar uno de los aspectos más sombríos de la administración de Rafael Correa: su manejo de la deuda externa y de la deuda pública en general.

La Contraloría General del Estado, dirigida por Pablo Celi, inició el 8 de enero un proceso de auditoría, en el periodo de enero de 2012 a mayo de 2017, es decir, en los últimos cinco años del correato.

Varios aspectos han llamado la atención de la Contraloría, algunos de ellos, ya habían sido advertidos por analistas económicos independientes.

Por ejemplo, la Contraloría confirmó que el Gobierno de Correa declaró como “secreta y reservada” a la documentación de deuda entre la que se encuentra, por ejemplo, las operaciones de crédito con países como China. La Contraloría confirmó también que durante el Gobierno de Correa hubo operaciones de venta anticipada de petróleo que no fueron consideradas deuda.

El ex presidente suscribió también el decreto ejecutivo 1218, mediante el cual el Estado consideró la deuda consolidada como índice de la deuda y no la total, lo que modificaba sustancialmente las cifras del endeudamiento.

La Contraloría analizó también un convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador, con el cual la empresa petrolera se convirtió en un gestor de financiamiento. A esto hay que sumar deficiencias en el archivo de la documentación.

La Contraloría notificó al ex presidente Correa sobre este examen, al igual que varios de los ex ministros de Finanzas de su administración.

Al mismo tiempo, la Contraloría conformó una veeduría ciudadana, que ha tenido una serie de reuniones con el contralor y con varias autoridades. La veeduría está integrada por los excontralores Marcelo Merlo y Alfredo Corral, así como Ramiro Crespo, León Roldós Eduardo Valencia y la exfiscal Mariana Yépez. Otros miembros son Magdalena Barreiro, Pablo Dávalos, Patricio Alarcón, Roberto Aspiazu y Ana Abril.

La veeduría tiene previsto entregar antes de abril un informe sobre el tema, que deberá servir para que la Contraloría avance en el examen especial que ha anunciado.

Los once integrantes de la veeduría de la deuda se reunieron con el contralor Pablo Celi. Foto: Expreso

Algunos problemas sobre el tapete 

Para Eduardo Valencia, uno de los temas clave que debe ser investigado es que la preventa petrolera, pues los recursos petroleros del país están comprometidos hasta el 2024.Valencia, quien fue uno de los economistas más críticos del correato, desde su cátedra en la Universidad Católica de Quito, dijo que el Gobierno anterior buscó evadir  el límite constitucional de la deuda, y, por eso, solo presentaba las cifras de la deuda consolidada.

Por su parte, Roberto Aspiazu y Pablo Dávalos, insistieron en que otro tema importante es que la reserva que pesa sobre la documentación oficial de la deuda debe ser levantada.

Según ambos integrantes de la veeduría, desde 2010 se tomaron varias medidas legales para impedir que se conozca los términos en que se contrató la deuda externa. Basado en el artículo 137 del Código de Planificación y Finanzas Públicas y por medio de tres resoluciones del Ministerio de Finanzas suscritas en abril, octubre y noviembre del 2010 el Gobierno anterior declaró “secretos y reservados” los contratos de deuda.

La reserva existe en la norma legal, pero tiene una duración temporal, y a pesar de ello, el Gobierno correísta no publicó los documentos.

Para Roberto Aspiazu, esas medidas han hecho difícil a la Contraloría acceder a los documentos que necesita para auditar la deuda. Por su parte, Pablo Dávalos cree el excontralor Carlos Pólit hizo análisis sobre el manejo de la deuda muy “puntuales y específicos”, y reclamó la ausencia de una auditoría sobre la deuda del IESS y de la preventa de petróleo. Al respecto, recordó que la emisión de bonos del 2010 fue acompañada por la normativa del secretismo de la deuda. Se debe conocer si hubo incidencias en los contratos y los costos de oportunidad de las operaciones hechas, estimó Dávalos.

¿Dónde está la plata?

Alberto Acosta y John Cajas ya habían observado que, al parecer, el correísmo incumplió la Constitución, que establece un límite del 40% del Producto Interno Bruto para el endeudamiento, varios meses antes del anuncio presidencial.

De hecho, entre 2007 y 2009 el correato se empeñó en reducir el monto de la deuda: “entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 el saldo de la deuda externa pública disminuyó de 10.633 a 7.393 millones de dólares. Además, el país se benefició de una importante reducción del servicio de la deuda, llegando a un mínimo de 953 millones de dólares anuales, cuando en 2007 el servicio fue de 1.800 millones”, precisaron.

“Más allá de las buenas intenciones iniciales, los hechos muestran que durante la década correísta el endeudamiento público tuvo un incremento vertiginoso. Este llegó a montos históricamente máximos en muy poco tiempo. La deuda pública externa, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2016 dio un verdadero “salto” de 7.393 a 25.679 millones de dólares (crecimiento promedio anual de 20%). Evolución igual de preocupante se dio con el endeudamiento público interno, que entre 2009 y 2016 se incrementó de 2.842 a 12.457 millones (crecimiento promedio anual de 27%), llegando a casi 15.000 mil millones en mayo de 2017. Esos montos han seguido creciendo en 2017, de modo que a mayo de dicho año ambas deudas aumentaron a 26.896 y 15.000 millones respectivamente”.

La forma en la que se habría maquillado las cifras por parte del Gobierno anterior también fue explicada por Acosta y Cajas: “Desde octubre de 2016, el correísmo decretó que el límite legal de la deuda pública ya no se mide a partir de la “deuda total” sino de una “deuda pública consolidada”, entendida como aquella deuda que el sector público contrae exclusivamente con agentes fuera de éste. Con ese cambio de medición, a diciembre de 2016 el peso de la deuda pública consolidada, sin considerar la deuda entre instituciones públicas (como el IESS, la CFN, Petroecuador, Municipios, etc.), llegó a 27,4% del PIB, mientras que a mayo de 2017 la proporción llegó a 27,7%. Tal deuda recoge a la deuda externa y un mínimo componente de deuda interna”.

Para Acosta y Cajas, “ese cambio de la contabilidad de la deuda no fue más que otro ejercicio típico del correísmo: cambiar las mediciones estadísticas oficiales para divulgar una realidad alterada que legitime la política económica oficialista”.

Acosta y Cajas también presentan algunas cifras sobre a quiénes les debe el Ecuador: “para mayo de 2017 se observa que, a nivel externo, el principal acreedor es China con 8.077 millones de dólares, seguida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 4.646 millones y la Corporación Andina de Fomento (CAF) con 3.214 millones”.

Otros componentes de la deuda son, según Acosta y Cajas, “un saldo de 10.365 millones de dólares en emisiones de bonos incluyendo la emisión hecha al inicio del gobierno de Moreno. A nivel interno existe una emisión de bonos del Estado de mediano y largo plazo por 13.169 millones de dólares (donde más de 7 mil millones se encuentran en posesión del Banco del IESS, lo cual representaría alrededor de 40% del total de fondos administrados por el banco) y un saldo directo con el IESS oficialmente registrado en 762 millones”.

El problema de deberle a China, recordaron ambos economistas,  es que “si revisamos el detalle de los créditos de instituciones chinas registrados por el Ministerio de Finanzas, se observa que éstos se han contratado, en promedio, a tasas fijas de 6,8% o a tasas Libor a 6 meses más 3,8%, con un plazo promedio de 9 años (incluyendo períodos de gracia promedio de 2 años). Contrastando esta deuda con aquella adquirida con el Banco Mundial y el BID que, en promedio para 2016, se lo hizo a tasas Libor a 6 meses más 1,5% con un plazo promedio de 10 años, notamos claramente que la deuda china es más cara, aunque la deuda con otros acreedores también es bastante complicada”.

Con respecto a las preventas petroleras,  Acosta y Cajas sostuvieron que “es probable que el verdadero impacto económico de las preventas sea mucho mayor, considerando que entre 2009-2015 se habrían facturado alrededor de 40.510 millones de dólares en dichas operaciones, llegando a comprometer alrededor de 40% de la producción petrolera según palabras del propio Correa”.

El Estado le debe también al Banco Central, y eso no habría sido adecuadamente contabilizado. Al respecto, dicen Acosta y Cajas, “Similar a las preventas petroleras, las “facilidades de liquidez” del Banco Central no se contabilizan como incrementos en la deuda pública interna, pues, según las disposiciones legales vigentes. Al momento de ejecutarse tales “facilidades” las emisiones de papeles que el gobierno haga a corto plazo (menos de 360 días, considerando que estos bonos se pagan a 30, 60 y máximo 180 días) no son parte del endeudamiento público”. Acosta y Cajas creen que “hasta abril de 2017 la posición en bonos del Ministerio de Finanzas en manos del Banco Central llegó a 5.858 millones de dólares”.

“El Ecuador en crisis vive una situación bastante particular: niveles extremos de debilitamiento de las reservas internacionales; endeudamiento creciente (oficial y no-oficial); un déficit sostenido a pesar de la contracción en el gasto de capital del gobierno; e incluso varios atrasos en pagos y deudas pendientes, entre las que podemos destacar a las deudas petroleras y las deudas con la seguridad social y por concepto de jubilaciones”, dijeron Acosta y Cajas.

Para los expertos, “la cifra es verdaderamente preocupante: más de 59 mil millones de dólares. Y eso que, muy posiblemente, existan muchas otras formas de deuda encubierta o simplemente no contabilizada que solo podrán salir a la luz (o podrán ser refutadas) por medio de una nueva auditoría al endeudamiento público”.  (Plan V)

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