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WORLEY PARSONS INTERNATIONAL (WPI), ES LA MULTINACIONAL QUE GERENCIÓ Y FISCALIZÓ LA REPOTENCIACIÓN DE LA REFINERÍA DE ESMERALDAS ($2200 MILLONES) Y LA FALLIDA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DEL PACIFICO ($1600 MILLONES). PERO, WPI NO OPERÓ DIRECTAMENTE, LO HIZO A TRAVÉS DE AZUL, EL GRUPO EMPRESARIAL ECUATORIANO DE PROPIEDAD DE WILLIAM PHILLIPS, CÓNYUGE DE MÓNICA HERNÁNDEZ, ASESORA DE RAFAEL CORREA. ENTRE 2016 Y 2017, LA CONTRALORÍA EMITIÓ 8 INFORMES CON RESPONSABILIDAD PENAL EN CONTRA DE WPI, SIN EMBARGO, EN NINGUNO VINCULÓ A WILLIAM PHILLIPS DE AZUL. DESDE ENTONCES LA FISCALÍA HA GUARDADO SILENCIO, ES MÁS, EN UNO DE LOS CASOS, DURANTE LA GESTIÓN DE CARLOS BACA, EMITIÓ UN DICTAMEN A FAVOR DE LA COMPAÑÍA. LA ÚNICA PERSONA PROCESADA DE AZUL FUE LA CONTADORA SONIA CALERO, QUIEN, PESE A FIRMAR UNA COOPERACIÓN EFICAZ DELATANDO A SU JEFE, UN JUEZ ACABA DE DUPLICARLE LA PENA. UNA VEZ MÁS LOS PECES GORDOS GANARON IMPUNIDAD.

Worley Parsons International (WPI) fiscalizó y gerenció en el país proyectos petroleros que alcanzaron los USD 3.800 millones, entre ellos el de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas (REE) (USD 2.200), hoy famoso por su sobrecosto.

Cercana a las autoridades del Gobierno del expresidente Rafael Correa, WPI salió ilesa del escándalo de corrupción en Petroecuador (apenas se la investigó por peculado y poco después fue sobreseída) pese a la existencia de ocho informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que la señalan como la responsable de recomendar contrataciones con sobreprecio y otras irregularidades, como la de sugerir que Petroecuador contrate directamente a la empresa MMR International para la rehabilitación del sistema eléctrico de la REE solo porque en el pasado habían trabajado juntas.

En la actualidad, el sistema eléctrico y la misma refinería presentan fallas. WPI llegó al Ecuador de la mano del Grupo Azul, propiedad de William Phillips; esposo de la entonces asesora de Correa, Mónica Hernández. Las dos compañías hicieron un acuerdo que les permitió discrecionalmente escoger las empresas, indicar los montos, sugerir contratos complementarios, obras, plazos, todo esto con el aval de Alex Bravo, Carlos Pareja, Wilson Pastor, Pedro Merizalde, Jorge Glas, Rafael Poveda y Rafael Correa.

Por este caso, la justicia únicamente condenó a dos ejecutivos, Humberto Guarderas y Sonia Calero, de la consultora Tecnazul Cía. Ltda. (Grupo Azul), acusándolos de haber hecho pagos a las autoridades de Petroecuador para beneficiarse con contratos. Calero fue sentenciada a dos años y medio de prisión, como cómplice de cohecho; más tarde, en octubre de 2017, firmó un acuerdo de cooperación eficaz con el exfiscal Carlos Baca donde confirmó los sobornos y señaló como responsable de ordenar esos pagos a su jefe, William Phillips.

Calero dio detalles del grupo empresarial offshore que construyó Phillips para esconder y mover el dinero obtenido de los contratos con Petroecuador. La cooperación eficaz de Calero parece haber agravado más su situación, pues el 20 de julio de 2018, la Corte Nacional de Justicia, en audiencia de casación, elevó la sanción: de cómplice a autora de cohecho, con una condena a cinco años de cárcel.

Solo en Petroamazonas Grupo Azul se adjudicó alrededor de USD 238.8 millones en contratos, éstos fueron repartidos entre sus empresas: Caterpremier S.A., Conazul S.A., Azulec S.A., Consultora Tecnazul S.A., Impexazul S.A. y Consorcio Azul (Azulec y Urazul).

WORLEY PARSONS (AZUL) LA EMPRESA PROTEGIDA DE RAFAEL CORREA

La firma australiana Worley Parsons International (WPI) fiscalizó y gerenció en el país proyectos petroleros que alcanzaron los USD 3.800 millones, entre ellos el  de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas (REE) (USD 2.200 millones), la construcción del Acueducto La Esperanza de la Refinería del Pacífico (obra que ella mismo diseñó y fiscalizó) y la remediación de la planta de gas de Bajo Alto, para ejecutar estos trabajos, WPI firmó contratos directos con Petroecuador por un monto superior a los USD 400 millones y, simultáneamente, subcontrató al Grupo Azul, de propiedad de Bill Phillips, esposo de la entonces asesora de Rafael Correa, Mónica Hernández.

WPI y Azul hicieron un acuerdo –que era de conocimiento de Petroecuador-que les permitió discrecionalmente escoger las empresas, indicar los montos, sugerir contratos complementarios, obras, plazos, todo esto con el aval de Alex Bravo, Carlos Pareja, Wilson Pastor, Pedro Merizalde, Jorge Glas, Rafael Poveda y Rafael Correa.

La misma Petroecuador estableció que en la REE toda contratación debía contar “con el visto bueno de Worley Parsons y esta gerencia (de refinación). – Cualquier contratación que se realice fuera de esta instrucción, no tendrá validez”, señala un memorando de 2014.

Cercana a las autoridades del Gobierno del expresidente Rafael Correa, Worley Parsons salió ilesa del escándalo de corrupción en Petroecuador (apenas se la investigó por peculado; aunque poco después fue sobreseída) pese a la existencia de ocho informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que indican que hubo irregularidades en los procesos de contratación que fiscalizó y a los que dio el visto bueno.

Por este caso, la justicia únicamente condenó a dos ejecutivos, Humberto Guarderas y Sonia Calero, de la consultora Tecnazul Cía. Ltda. (Grupo Azul), acusándolos de haber hecho pagos a las autoridades de Petroecuador para beneficiarse con contratos. Calero fue sentenciada a dos años y medio de prisión, como cómplice de cohecho; más tarde, en octubre de 2017, firmó un acuerdo de cooperación eficaz con el exfiscal Carlos Baca donde confirmó los sobornos y señaló como responsable de ordenar esos pagos a su jefe, William Phillips.

Calero dio detalles del grupo empresarial offshore que construyó Phillips para esconder y mover el dinero obtenido de los contratos con Petroecuador, “el sr. William Phillips me ordenó que realice transferencias a empresas y personas desconocidas para mí, me entregaba por escrito los datos del beneficiario, la cuenta y el monto para la transferencia”; sobre WP dijo que “fue cliente de la CONSULTORA TECNAZUL CÍA. LTDA. hasta cuando trabajé en AZULEC S.A., noviembre del 2016”, relató.

Indicó que el Grupo Azul manejaba el dinero en los bancos Citibank, Bolivariano, Pichincha, Internacional, Produbanco, Pacífico, Guayaquil, y en el extranjero con los bancos UBP Géneva-Suiza, UBS Frankfurt-Alemania, SYZ Suiza (antes Royal Bank Canada), UBS Alemania y Bolivariano Panamá, Calero, incluso, le contó a la Fiscalía General del Estado, cuáles eran las empresas y cuentas secretas de Phillips en el exterior, en qué bancos las tenía y cómo justificaba las millonarias transacciones de esas cuentas. Se desconoce qué acciones inició la Fiscalía a partir de las acusaciones de Calero.

Worley Parsons/Azul manejó sus relaciones profesionales al más alto nivel. En Ecuador quien se encargó de manejar los negocios fue William Phillips. Valiéndose de los privilegios que tenía por ser el esposo de la exasesora de Correa, Mónica Hernández, estrechó relaciones con Jorge Glas y con otros miembros del gabinete, incluso con el propio Correa, quien lo homenajeó con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Caballero por su “encomiable labor empresarial”. Esta proximidad se evidencia en los esfuerzos que hizo el gobierno anterior por mantener a Phillips y sus empresas al margen de los escándalos de corrupción.

En una entrevista concedida a Canal Uno, el excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo y procesado por corrupción, aseguró que se trató de “proteger” a Worley Parsons, y recordó que hubo un informe con indicios de responsabilidad penal que involucraba a la contratista MMR, Worley Parsons funcionarios de Petroecuador, “sin embargo, la Fiscalía acusa solo a Carlos Pareja y quita a todos los demás funcionarios e inclusive a la empresa Worley Parsons que fue la fiscalizadora, la empresa que dirigió, diría yo, los actos de corrupción más grande en la historia de del Ecuador que se dieron en la refinería de Esmeraldas”, aseguró Pólit.

El excontralor indicó que se trató de proteger a Worley Parsons y aseguró que antes de ser fiscal, Carlos Baca, como asesor de Correa, lo “visitó”, en nombre del presidente de la República para saber por qué WPI aparecía en los informes de Contraloría.

Su defensa legal, también ligada a importantes miembros del gabinete correísta, la lleva el estudio jurídico Pérez Bustamante & Ponce, según consta en un contrato firmado por la empresa australiana. Pero más allá de eso, quien suscribe en calidad de abogado es Bruno Pineda Cordero, el socio principal de este conocido bufete patrocinador de Chevron, quien además es hermano de Michel Pineda Cordero, asesor directo de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia.

Este medio tuvo acceso a ocho informes reservados, emitidos por la Contraloría General del Estado, con indicios de responsabilidad penal en contra de Worley Parsons, funcionarios y contratistas de Petroecuador. Los informes, aprobados entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, fueron enviados a la Fiscalía General del Estado en ese mismo período, poco después de que portal Focus Ecuador publicase los primeros reportajes sobre la corrupción en Petroecuador.

INFORME DASE-0074-2016

Aprobado por la Contraloría General del Estado el 12 de noviembre de 2016 y enviado a la Fiscalía General cuatro días después, el 16 de noviembre, este informe examinó el contrato 2015012 firmado por USD 27.1 millones para la recuperación de condesados de la REE. Contraloría concluyó que WPI, como fiscalizadora del contrato recomendó la adjudicación del contrato a Jorge Vivar, pese a que la empresa se encontraba inhabilitada para firmar con Petroecuador, por cuanto elaboró la propuesta técnica- económica que sirvió de base para la elaboración del presupuesto referencial, fijado en USD 23.3 millones; meses después la misma contratista presentó su misma oferta, pero esta vez tenía un incremento del 16%, es decir de USD 3.7 millones. Carlos Pareja suscribió el contrato con Vivar por 27.1 millones.

Contraloría concluyó que la comisión técnica de Petroecuador, integrada por Juan Carlos Rodríguez Torres, David Valarezo Romero y Erick Douglas Mc Laghiln Zuleta, acogió la recomendación de Parsons sin verificar ni revisar el contenido de las ofertas.

Ocho personas fueron procesadas por esta contratación, pero poco después el juez Geovanny Freire sobreseyó a Worley Parsons, a Marcelo Robalino, exgerente de Logística; Carlos Quinde, ex superintendente; y José Castillo, extécnico. Actualmente, los únicos procesados son Carlos Pareja YannuzzelliDiego Tapia, Álex Bravo y el contratista Jorge Vivar Quintero.

INFORME DASE-0090-2016

Aprobado el 23 de noviembre de 2016 y enviado a Fiscalía el 31 de enero de 2017, este informe analizó los contratos complementarios 2013027 y 2014048 suscritos por Petroecuador y Worley Parsons por USD 34 y 17.4 millones respectivamente, para ejecutar los trabajos complementarios de fiscalización y gerenciamiento del programa de rehabilitación de la REE.

Contraloría concluyó que con la firma del contrato 2014048 se pagó por servicios de fiscalización que ya habían sido pagados en el contrato principal (2011030) y sin haberse cumplido con el objeto contractual de los otros contratos complementarios antes suscritos.

Los supervisores de los contratos Edgar Ibarra Viera, Gonzalo Valarezo Crespo, Leoncio Córdova Gutiérrez, Christian Cevallos Santana, Luis Rodríguez Arroba y Jorge Vélez Parrales no verificaron y validaron las planillas proporcionadas por Worley Parsons ocasionando que pague de forma duplicada,  además sin ninguna razón técnica o legal permitieron la terminación de los servicios pactados en los contratos 2013027 y 2014048, sin que se haya cumplido con el objetos de los contratos, lo que provocó que Petroecuador pague injustificadamente USD 2.6 y 9.1 millones, pues, según Contraloría, el servicio de fiscalización no fue ejecutado.

INFORME DASE-0086-2016

Aprobado el 13 de diciembre de 2016 y enviado al despacho del entonces fiscal Galo Chiriboga, el 10 de enero de 2017, examinó el contrato complementario 2012036, firmado por Petroecuador y Worley Parsons, por USD 25.4 millones para la fiscalización y gerenciamiento del programa de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas.

Contraloría encontró que en ese contrato se incluyeron componentes que ya estaban considerados en el contrato principal 2011030 (firmado con Worley Parsons, por 38.6 millones para fiscalizar y gerenciar el mismo proyecto).

Los supervisores de los contratos 2011030 (principal) y 2012036 (complementario), Edgar Ibarra Viera, Gonzalo Valarezo Crespo, Leoncio Córdova Gutiérrez, Christian Cevallos Santana, Luis Rodríguez Arroba, Jorge Vélez Parrales, y Álex Bravo, como coordinador del proyecto de rehabilitación, Francisco López Aguilera, subgerente de proyectos, solicitaron la suscripción del contrato complementario 2012036 argumentado la inclusión de nuevos rubros, sin embargo éstos ya estaban considerados en el contrato principal, lo que ocasionó que Petroecuador pague USD 23. 7 millones sin sustento alguno.

INFORME DASE-0087-2016

Aprobado el 14 de diciembre de 2016 y enviado a Chiriboga el 2 de febrero de 2017, revisó el contrato 2015205, suscrito entre Petroecuador y WPI, por USD 57.4 millones, para fiscalizar el proyecto de rehabilitación de la REE.

Contraloría estableció que se solicitó la contratación de este complementario para fiscalizar y gerenciar programas del Proyecto de Rehabilitación que ya estaban siendo fiscalizados por el contrato complementario 2014048, además de que no se identificó ni verificó a qué contrato se brindó el servicio de fiscalización.

Edgar Ibarra Viera, Gonzalo Valarezo Crespo, Leoncio Córdova Gutiérrez, Christian Cevallos Santana, Jorge Vélez Parrales, supervisores del contrato, Álex Bravo, coordinador de proyectos, sin alertar las condiciones de los contratos firmados anteriormente con WPI, pues los trabajos que se incluyeron en el nuevo contrato ya estaban siendo ejecutados, y sin explicación técnica alguna del alcance de objeto contractual, dieron paso a la firma del nuevo contrato, lo que ocasionó que Petroecuador haya cancelado, hasta el momento del examen, USD 25 millones sin justificación.

INFORME DNA6-0008-2017

Fue aprobado el 17 de octubre de 2017 y enviado a Fiscalía el 19 de octubre de 2017, analizó los contratos 1 y 2 (complementarios del contrato principal 023-RDP-2012), suscritos por Refinería del Pacífico (RDP) y la Constructora Norberto Odebrecht, para la “construcción de la vía de acceso, denominado tramo dos, desde la nueva plataforma de la refinería: hasta el redondel El Colorado; y al avance de los trabajos de preparación del área de implantación del proyecto de Refinería del Pacífico”; por USD 5 y 10. 6 millones respectivamente.

Contraloría determinó que los contratos 1 (para ejecutar el plan de manejo ambiental) y 2 (para el programa de indemnización y compensación económica del plan ambiental de RDP) se suscribieron luego de 313 y 575 días, respectivamente, de autorizada la ejecución de los rubros. Estableció, además, que los trabajos de tratamiento de olor de las lagunas de oxidación de la ciudad de Manta, por USD 702.991 no contaron con la certificación presupuestaria.

Para la ejecución de esta obra se firmó un contrato complementario adicional, pese a que ya estaba incluido en el complementario 2.

Contraloría comprobó que este rubro está fuera del alcance del contrato. A la fecha (2014) de corte de la acción de control, lo malos olores eran perceptibles en la ciudad de Manta.

Tampoco hubo evidencia de que haya existido el análisis de propuesta económica, por parte de Worley Parsons, que, a la fecha, era fiscalizadora del proyecto. Bismarck Andrade, gerente general de RDP, suscribió los contratos con Odebrecht y Henry Ocando Rincón los administró.

INFORME DASE-0088-2016

Aprobado el 22 de noviembre de 2016 y enviado a Fiscalía el 3 de febrero de 2017, examinó el contrato 2015486, suscrito por Petroecuador y Oil Services Solutions (OSS), para la “carga de catalizador fresco, descarga y retiro de catalizador gastado de FCC desde refinería Esmeraldas y disposición final en el exterior”, por USD 16.5 millones.

El presupuesto referencial para la provisión de catalizador se fijó en USD 6.5 millones, Carlos Pareja, a la fecha gerente general de Petroecuador, declaró desierto el proceso por encontrarlo “inconveniente” a los intereses de la entidad, sin embargo se inició un nuevo proceso con un presupuesto de USD 8.2 millones, rectificando sin argumento técnico por un segundo presupuesto de 13.2 millones, que frente al valor por el que finalmente se firmó, representó un incremento de 3.3 millones, sin que  la comisión técnica lo objete.

INFORME DASE-0090-2016

Aprobado el 23 de noviembre de 2016 y enviado a la Fiscalía General del Estado el 1 de febrero de 2017, revisó el contrato 2015028, firmado por Petroecuador y la empresa Oil Services Solutions (OSS), para el montaje de la planta de tratamiento de sosa caústica gastada, por USD 13.8 millones.

Para esta obra el presupuesto referencial fue fijado en USD 9.3 millones; participaron por la adjudicación: Jorge Vivar con una oferta valorada en USD 17.5 millones y OSS con su propuesta de USD 15 millones.

Worley Parsons sugirió, en un informe, adjudicar a OSS la contratación, porque “no excede las previsiones de costo y no ofertó por encima de las referencias del mercado”.

WP no mostró técnicamente cómo se realizó la estimación del costo de la obra, tampoco señaló cuáles fueron los parámetros para definir que los valores ofertados por OSS estaban acordes con las referencias del mercado. Contraloría concluyó que la contratista excedió los costos de los APU´S de los rubros propuestos en el formulario 4.

OSS presentó una propuesta con precios mayores a los del mercado en la localidad de Esmeraldas, ocasionando que su oferta sea superior al presupuesto referencial en un 48%. Hecho que fue ignorado por las autoridades de Petroecuador, quienes suscribieron el contrato sin ninguna observación.

INFORME DASE-0009-2017

Aprobado por Contraloría el 10 de febrero de 2017 y enviado a Fiscalía ese mismo día, examinó los contratos 2012045 (principal) y 2015217 (complementario), suscrito por Petroecuador y Tesca Ingeniería del Ecuador S.A, para la construcción y montaje de tres tanques para almacenar nao, nbe y diésel.

Contraloría señala que, sin obtener autorización previa de Petroecuador, Tesca subcontrató a Vestsacer S.A por el valor de USD 21.3 millones, para rubros de obra civil, ésta empresa a su vez subcontrató la compañía Indigi S.A por USD 9.9 millones para ejecutar los mismos rubros, lo que ocasionó un exceso de monto contratado, pues hubo una sobrevaloración en la contratación de 15 millones de dólares.

Worley Parsons aseguró que los rubros propuestos por Tesca eran “razonables y acordes” con las necesidades de Petroecuador.

GRUPO AZUL EN PETROAMAZONAS

Según información a la que este medio tuvo acceso, en Petroamazonas Grupo Azul se adjudicó, entre 2010 y 2018, alrededor de USD 238.8 millones, contratos que fueron repartidos entre sus empresas Caterpremier S.A., Conazul S.A., Azulec S.A., Consultora Tecnazul S.A. Impexazul S.A. y Consorcio Azul (Azulec y Urazul).

Caterpremier, representada por Sebastián Tobar, ganó contratos para alimentación del personal y limpieza de los campamentos de Petroamazonas, por alrededor de USD 54.5 millones; Consultora Tecnazul, representada por Humberto Guarderas, obtuvo las ingenierías básicas y de detalles de varios proyectos en el campo Armadillo, Auca, zona litoral, centro y oeste de Petroamazonas; entre otros, por USD 10 millones.

A Azulec, cuyo representante legan también era Sebastián Tobar, le fueron entregados el “servicio especializado de apoyo a las operaciones en los bloques 7,21 y 18 de Petroamazonas”, los “trabajos de montaje de la segunda fase del sistema de recuperación de calor en el epf del bloque 12”, el “servicio técnico especializado para la construcción de las obras civiles de la zona de embarque miranda (zemi) y campamento de construcciones del bloque 43”, la “provisión de equipos y personal especializado para base permanente civil, eléctrica y mecánica para brindar apoyo en la operación de los campos osos y mono, localizados en el bloque 7”, las construcciones civiles en el complejo Edén Yuturi, bloque 12, entre otros proyectos, que sumaron USD 101 millones.

El Consorcio Azul, cuyos dueños son Azulec y Urazul) se adjudicó USD 71 millones para brindar, durante cuatro años (2009-2012), el servicio de “soporte a la operación y construcción de nuevas facilidades de superficie en los campos Edén, Yuturi, Pañacocha y áreas de influencia del bloque 15”.

El Grupo Azul es una de las organizaciones privadas que más contratos obtuvo en los años de bonanza petrolera. lleva la administración de un conjunto de empresas proveedoras de servicios en el área petrolera: desde provisiones alimenticias, pasando por ventas de maquinarias, consultorías, hasta fiscalización de proyectos.

Entre sus empresas se cuentan: Urazul S.A, Azulec S.A., Caterazul S.A (antes Conazul, hoy Caterpremier S.A.), Tecnazul Cía. Ltda, Campetrol, Aurazul, Constrazul, Sierrazul, Impexazul, Cosami Construazul Joint Venture, Headsasa S.A, Sundoor, Ofparis S.A, Deltazul S.A, entre otras.

En la cooperación eficaz Sonia Calero indicó que la Consultora Tecnazul fue constituida en 1998 y sus accionistas eran los empleados: Pablo Reyes Villacís, Walkyria Vinueza Miño y Humberto Guarderas Córdova.

Las acciones de esta empresa fueron transferidas en 2013 a Phillips y Urazul. Respecto a Azulec S.A., señaló que fue creada en el 2004 con Sebastián Tobar Carrión y Humberto Guarderas Córdova como accionistas.

Después “transfirieron las acciones a William Phillips y URAZUL, conforme el procedimiento usual. Ese era el procedimiento que utilizaban para la constitución de las compañías”, recalcó.

Periodismo de Investigación La Fuente

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