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2017 cierra con una cifra de 297 agresiones a la libertad de expresión, de un total de 2348, desde 2008. Es el primer año en el que se registra una disminución de ataques con un 40% menos, frente a los casos reportados en 2016, que cerró con 491.
Este año que despedimos también es el primero, desde 2008, en donde se evidencia una marcada diferencia, en cuanto a agresiones y cifras, entre el primer y segundo semestre, producidos por un contexto político tras un cambio de gobierno que pasó de estar en manos de Rafael Correa, a su sucesor Lenín Moreno.
Es así que, de enero a mayo, el promedio de agresiones reportadas fue de 37 casos por mes, mientras que desde junio a diciembre, se reportaron 15 agresiones, coincidiendo con el cambio de mando presidencial que se dio a partir de mayo. De todos estos meses, febrero, abril y mayo fueron los más violentos, con  40,  41 y 37 ataques, respectivamente, coincidiendo con las elecciones presidenciales y la época de campaña electoral.
A partir de la segunda mitad del año, el discurso estigmatizante, los insultos y descalificaciones en contra de periodistas o activistas durante los enlaces sabatinos, y las sanciones casi diarias contra los medios de comunicación dejaron de sumar cifras exponenciales en los registros que realiza FUNDAMEDIOS, sin que esto signifique que la salud de este derecho humano fundamental este fuera de peligro, puesto que el aparataje estatal y leyes restrictivas como la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) siguen intactas.
Desde que asumió Lenín Moreno se evidenciaron cambios, no solo por la caída en cifras de ataques, sino por la apertura mostrada con el llamado al diálogo, la eliminación de los Enlaces Ciudadanos, o el refrescamiento de líneas en la administración de los medios públicos e incautados -que ha prometido marcar un antes y después hacia una línea editorial más plural y menos gobiernista-. Fue muy simbólico que las cadenas se dejaron de utilizar como un recurso para estigmatizar y atacar a periodistas.
En cuanto a las agresiones, el principal ataque en este 2017 se dio por violaciones a los derechos digitales, con 59 casos. Estos incluyen: ciberamenazas y acoso en redes sociales; hackeos,  así como el abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja cuentas.
En segundo lugar se ubican las agresiones verbales, con 56 casos, entre amenazas e insultos y descalificaciones, mientras que el tercer lugar es para las agresiones dadas  por el uso abusivo del poder estatal, con 43 casos. Dentro de esta categoría se incluyen 26 casos de abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado, como réplicas impuestas; 14 casos de abusos de organismos de control estatal, y dos casos de incautación de equipos y cancelación arbitraria de frecuencia.
Asimismo, en cuarto lugar se ubican las agresiones físicas, con 42 casos, seguidos muy de cerca por las sanciones en aplicación de la LOC, con 39 reportes. Un número que llama la atención puesto que el año pasado fue la principal agresión y en este, las sanciones a medios disminuyen drásticamente, sumado a hechos como la reciente anulación de la sentencia en contra de Teleamazonas, tras aceptarse una acción de protección que impidió que el medio sea multado con el 10% de su facturación de tres meses por  no difundir un video de réplica del superintendente Carlos Ochoa, así como otros procesos más antiguos en contra de diarios como El Universo y Expreso, cuyas sanciones fueron anuladas por el Tribunal Contencioso Administrativo por considerar que no debieron ejecutarse.
Finalmente, en quinto lugar se ubican los procesos penales, con 36 casos, entre procesos iniciados, sentencias y detenciones arbitrarias. En menor medida se reportaron 8 casos de censura, 5 por uso abusivo del poder no estatal, 4 procesos constitucionales o administrativos y un proceso civil.
En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación y los periodistas y trabajadores de la prensa siguen siendo los más agredidos, con 125 y 70 ataques, respectivamente, seguido por ciudadanos, 54 casos, personajes públicos, 22 y 9 ciberactivistas.
De todos estos ataques, los principales agresores siguen siendo los funcionarios públicos, en 93 ocasiones y el Estado, en 87, por medida administrativa,legislativa o  judicial. Esto a pesar de estos cambios y la disminución de la agresividad que han dado un ligero respiro a quienes ejercemos la libertad de expresión.
En resumen, las 297 agresiones no nos deben dejar tranquilos mientras sigan existiendo leyes restrictivas y un aparataje estatal que en los inicios de este 2017 fueron utilizados como herramientas de persecución y estigmatización y que hoy sigue casi intactos. (Fundamedios)

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