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Informe preliminar de Contraloría detecta tres incumplimientos del MIES. 84 damnificados no recibieron casas.

Ayer se realizó la lectura del informe preliminar del examen especial a los procedimientos administrativos para la recuperación habitacional de los damnificados del sismo del 16 de abril de 2016. Estos procedimientos estuvieron a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2018.

La Contraloría General del Estado determinó tres incumplimientos en una muestra de 608 damnificados ubicados en los albergues de San Vicente, Cojimíes, Matal, Pedernales y Portoviejo, correspondientes a Manabí.

La primera de las inconsistencias es que no se cumplieron los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 0028 del MIES, emitido el 24 de febrero de 2017. En esta normativa se establece, como requisito obligatorio, que para elaborar el informe social motivado, paso previo para iniciar la solicitud de vivienda, los beneficiados deben haber permanecido al menos tres meses en cualquiera de los albergues habilitados.

Las inconsistencias 
Sin embargo, Contraloría detectó que en 26 casos, el MIES elaboró los informes sociales motivados a pesar de que los beneficiarios no estaban en ninguno de los albergues. Además, en dos casos, estos informes se emitieron sin que los damnificados hayan cumplido con el tiempo mínimo de tres meses de permanencia.

La segunda inconsistencia tiene que ver con que no se pudo verificar la existencia de archivos físicos y otros documentos que soporten todos los informes, registros y certificados que el MIES debía realizar como parte del proceso administrativo para la recuperación habitacional.

En otras palabras, la Contraloría no encontró documentación suficiente y adecuada de sustento de las 608 fichas de vulnerabilidad realizadas a los damnificados. Lo mismo ocurrió con los soportes físicos de 601 de los 608 informes sociales motivados y los certificados de permanencia en los albergues.

¿Y los responsables?
En este punto, Contraloría establece falta de control, revisión y seguimiento en los viceministros y ministro del MIES durante el periodo del examen, lo que puso en alto riesgo el sustento y la veracidad de la información registrada de cada uno de los damnificados y su núcleo familiar.

EL DATO
Las autoridades involucradas en este examen tienen cinco días hábiles para presentar sus pruebas de descargo.
Finalmente, a pesar de que 84 de los 608 damnificados examinados cumplieron con todos los requisitos para ser beneficiarios de nuevas viviendas, el MIES y sus autoridades principales no realizaron los trámites necesarios ante el Ministerio de Vivienda. Con esto, estos damnificados y sus familias no obtuvieron la recuperación habitacional ofrecida.

Los hallazgos de Contraloría determinan que en esos 84 casos, a pesar de haber cumplido con todos los parámetros, y contar con la ficha de vulnerabilidad, el certificado de permanencia y el informe social motivado, los ministros y viceministros del MIES no enviaron los oficios correspondientes al Ministerio de Vivienda con la documentación correspondiente, ni tampoco enviaron el proyecto de solicitud expresa para que los potenciales beneficiarios recibieran sus casas. (Diario La Hora)

Algunas cifras
° Aproximadamente, hasta mediados de 2018, 5.900 damnificados seguían esperando sus nuevas casas y otros 6.856 todavía no recibían las intervenciones y reparaciones en sus viviendas, según datos del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva.

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