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Considerando que la Ley de Comunicación vigente ha generado mucha polémica e
inconformidad en los medios y en la sociedad en general proponemos:

Pedir la derogatoria de la ley orgánica de comunicación, la misma que sólo ha servido
para coartar la libertad de expresión y favorecer el reparto de frecuencias en manos de
empresarios de la comunicación, relegando a los verdaderos radiodifusores.

De no proceder una derogatoria al menos reformar, con este fin, proponemos se ponga
en vigencia una nueva Ley de Radio y Televisión, que recoja lo mejor de la Ley de
1975, que a pesar de haber sido expedida en la dictadura durante el Gobierno del
General Guillermo Rodríguez Lara, es la que ocupó el país por más de veinte años, la
Ley contempla muchos parámetros que permiten regular en mejor forma el espectro y la
actividad comunicacional, sólo necesitando que se vigile el cumplimiento de su
aplicación.

Sobre la Concesión

La concesión de frecuencias debería ser entregada por un organismo eminentemente
técnico, llámese como al inicio, Dirección Nacional de Frecuencias o Superintendencia
de Telecomunicaciones, el mismo que dependería del CPCCS que en caso de denuncias
de irregularidades en la concesión de frecuencias de forma inmediata procedería a
investigar y de comprobar la anomalía destituir a los funcionarios responsables, sin
perjuicio de iniciar las causas legales que correspondan.

El tiempo de duración de una concesión será de 10 años, antes que concluya este plazo,
la debida solicitud del concesionario pidiendo la renovación, hará que está se realice de
forma automática, siempre y cuando el concesionario no haya incurrido en faltas graves
al reglamento correspondiente, un informe del organismo técnico que determine el

cumplimiento de los parámetros cerrará el proceso, si es que hubieren más de un
proceso ilegal en la carpeta del solicitante, la concesión se negará automáticamente y se
considerará al solicitante como pirata, no pudiendo recibir nunca más ni él ni sus
familiares una nueva concesión; se ubican en igual circunstancia, los medios de
comunicación con personería jurídica que hubieren transferido acciones o los medios de
comunicación con personería natural que hubieren arrendado o vendido sus equipos a
terceros, los que perderán automáticamente la concesión.

En el tema de concesiones para medios de comunicación privados, se dará preferencia a
los concesionarios que durante muchos años han ejercido la actividad de comunicación,
bajo la consideración que tienen una importante inversión económica y poseen la
respectiva infraestructura, conocen de la actividad comunicacional y garantizan mejorar
la calidad de programación.

Aquellos concesionarios que por más de 25 años hayan operado estaciones de AM,
tienen derecho a mejorar y por tanto deben recibir la correspondiente concesión en FM,
para lo cual se darán las facilidades del caso.

Se prohíbe de forma terminante que políticos reciban concesiones, por considerar
peligroso para la salud democrática, el probable uso de estos medios para manipular la
opinión pública, en caso de que algunos políticos en la actualidad tengan concesiones
vigentes, las perderán de forma inmediata, a la publicación de esta ley.

En lo concerniente a los medios de comunicación públicos, el Estado mantendrá sólo
los necesarios para la difusión de campañas de concienciación y educativas. Bajo la
premisa del necesario ahorro: Ministerios, asamblea, universidades, gobiernos
provinciales y seccionales podrán presentar sus propuestas para obtener espacios
gratuitos en la radio, prensa o tv estatal.

Los Municipios, Empresas Municipales, Policía Nacional, Ejército, Prefecturas y otras
entidades Públicas, tienen como fin servir a la colectividad desde sus funciones

específicas de administrar los recursos públicos para obras y no pueden ni deben
distraer sus verdaderas funciones, ni los recursos económicos que son del pueblo, en la
contratación y administración de medios, tomando en consideración que en muchos
casos han dejado mucho que deseare esos manejos económicos, debiendo recalcar lo
peligroso de que estas autoridades puedan usar esos medios para vender o defender una
gestión pública, marcando una desigualdad en la competencia democrática que debe
existir entre autoridades en funciones y sus aspirantes a sucederles.

En referencia a los medios denominados comunitarios los sectores indígenas, comunales
y sociales, debidamente reconocidos de forma legal, podrán solicitar una frecuencia,
aclarando que por ninguna razón el Estado puede donar o regalar equipos de
comunicación, estos medios por su naturaleza deberán difundir programas en idioma
nativo y siempre con fines de servicio comunitario.

En todos los casos los concesionarios personas naturales o comunitarias, deberán
justificar debidamente la licitud de los dineros necesarios para la creación de los
medios, para evitar que grupos internacionales, usando terceras personas, se apoderen
de frecuencias; igualmente en el caso de personas jurídicas se transparentarán los
nombres de los accionistas, cada uno de los cuales deberán justificar el dinero que
poseen, así como también se conocerá los nombres de los representantes legales y
administrativos de las compañías, se detallarán totalmente los valores de los equipos,
para evitar como ocurre en la actualidad que compañías formadas con mil dólares o
menos, sean concesionarios de frecuencias en todo el país.

En todos los casos, para evitar el acaparamiento y democratizar las frecuencias, por
provincia sólo se concesionará una radio en AM, una en FM, una frecuencia de TV y
una en las nuevas frecuencias que en lo posterior aparecieren por persona, no podrán
recibir por ningún motivo, sus familiares ninguna otra frecuencia en el país, se
rechazarán aquellas solicitudes de personas naturales o jurídicas donde sus accionistas
estén ligados a concesionarios vigentes, (hermanos, primos, tíos, sobrinos, etc.), o si uno
o más accionistas forman parte de otras compañías de comunicación; si por omisión o

desconocimiento, se concesionó una frecuencia a una misma familia o grupo
empresarial; automáticamente la frecuencia se revertirá sin opción a reclamo alguno.

En la actualidad hay concesionarios que disponen contra ley, de más de una concesión
en FM, incluso hay quienes tienen 20, 50 o más frecuencias, estos concesionarios,
deberán devolver esas frecuencias, aclarando eso sí, que tienen derecho a expandir sus
ondas con una matriz y repetidoras a otras provincias incluso a nivel nacional, si quieren
hacer Radio, háganlo, pero nadie tiene el derecho de acaparar frecuencias, destacando
que por ningún motivo, se puede transformar una repetidora en matriz, si lo hicieran, el
organismo pertinente comprobará la falta y procederá a revertir la concesión, sin
derecho a reclamo.

Los solicitantes de frecuencias presentarán un proyecto de radiodifusión acompañado
del respectivo estudio técnico, el ente público creado para el efecto se encargará de
determinar la disponibilidad de frecuencias y asignará la misma de acuerdo al orden de
prelación debido. Presentará también el debido sustento económico para sostener el
medio en el tiempo.

De la protección de los derechos

Cualquier persona que se sienta afectado por alguna noticia publicada en radio, prensa o
TV tiene el derecho a solicitar la réplica correspondiente, el afectado acudirá al medio,
con el debido sustento legal que compruebe que el medio tergiversó la información, se
procederá a la entrevista que rectifique la información con las preguntas del caso, si el
afectado no considerare suficiente aquello, acudirá a las instancias legales, que el caso
amerite.

Cualquier persona que se considere afectada por una noticia publicada por un medio de
comunicación tiene el derecho de demandar al medio a través de jueces competentes (de
la función judicial imparciales) por daños y perjuicios

Los medios de comunicación tienen a través de sus consejos editoriales la total libertad
para establecer su agenda informativa, entrevistas en vivo, cubrimiento de ruedas de
prensa, etc.

Naturaleza de los Medios

Los medios de comunicación, entiéndase sobre todo radio, podrán optar por ser
temáticos es decir especializados en distintos géneros: musical, entrevista informativa o
deportiva.

En lo musical consideramos que debe suprimirse el 1×1, entendiendo que si el artista o
el material es bueno no necesita que una ley exija que se difunda su música. Tomando
en cuenta que la producción nacional no puede equipararse a la internacional, que es
muchísimo más amplia en número y calidad. No puede competir Ecuador con el 50 % y
el otro 50% dividirse entre: Argentina, México, España, Estados Unidos, Inglaterra y el
resto del mundo. Sin embargo se sugiere que los medios de comunicación apoyen la
difusión de nuestra música nacional.

Los medios de comunicación no pagarán valor alguno a SAYCE o SOPROFON, ni
ninguna entidad similar por difusión musical, entendiendo que es gracias a los medios
de comunicación que la música de los artistas se conoce y difunde.

Los medios de comunicación coadyuvarán a la lucha contra la piratería fonográfica.

Ningún medio podrá cobrar valor alguno por entrevistas o difusión de música de
cantante alguno, si luego del debido proceso, se comprobaré que lo hizo, perderá de
forma inmediata y sin derecho a reclamo, la concesión, que vuelve al Estado.

Los Medios y las Campañas Políticas

Se prohíbe totalmente que durante la campaña electoral medios de comunicación
realicen entrevistas a candidatos en programas musicales o deportivos de radio, pues no
lo hacen de forma regular y se entiende que, estas entrevistas no son gratuitas, quienes
las realizan no tiene ni el conocimiento suficiente para manejar una entrevista política y
su papel atenta contra la igualdad en la campaña, que promueve el Consejo Nacional
Electoral.

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