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La muerte civil de los violadores y la posibilidad de juzgarlos en ausencia se debaten en dos comisiones.

La muerte civil para quienes agredan sexualmente a niños y adolescentes, y la posibilidad de juzgarlos en ausencia forman parte del análisis en la Asamblea sobre las reformas al Código Penal. Son dos medidas que se sumarían a la imprescriptibilidad de este tipo de delitos que fue aprobada, con alrededor del 70% de los votos, en la consulta popular del 4 de febrero y que entró en vigencia el 14 con la publicación en el Registro Oficial.

En eso concuerdan tanto asambleístas de oposición como del oficialismo que forman parte de las comisiones de Justicia y Aampetra, llamada así por los 41 niños que fueron violados sistemáticamente por un profesor en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, de Quito.

Aunque la normativa restringe el juzgamiento en ausencia para estos casos, Lourdes Cuesta, legisladora de CREO, y Silvia Salgado, del Partido Socialista-Alianza PAIS, se mostraron partidarias de que se haga una reforma para que prevalezca la protección a la niñez.

2
años es el plazo que actualmente da el Código Penal a los operadores de justicia para la investigación previa de este tipo de delitos. 
“En el caso de peculado, por ejemplo, se puede juzgar en ausencia; en el caso de los delitos contra la integridad sexual no prescriben, pero no está en ninguna parte de la Constitución que se pueda hacer”, indicó Salgado.

Mientras, Franklin Samaniego, disidente de PAIS, comentó que dentro de los cambios que se debaten para el Código ya se analiza la muerte civil para los culpables, es decir, la pérdida de sus derechos de participación política y de aspirar a cargos públicos. Cuesta apuntó, sin embargo, que este tipo de iniciativas en el ámbito de las leyes deben estar acompañadas de políticas públicas para prevenir estos hechos o para evitar “que se solape a los violadores desde las propias instituciones”.

Debate
Los legisladores aclaran, eso sí, que todo tipo de reformas legales no se aplica de manera retroactiva, aunque en los últimos tres años, la Fiscalía ha recibido 4.864 denuncias sobre delitos sexuales contra niños y adolescentes; y, de ellas, 2.264 fueron a juicio y en 1.653 se emitió sentencia.
Hasta el año pasado, 50 operadores de justicia (jueces, fiscales, etc.) que estaban a cargo de procesos por delitos sexuales habían sido sancionados por manifiesta negligencia, vulneración de derechos, ausencia en las audiencias, retardo injustificado o error inexcusable.

EL DATO
De cada 10 víctimas de abuso, 6 son niñas o adolescentes en Ecuador, según la organización Plan Internacional.
Sobre los problemas para el juzgamiento del abuso sexual, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, indicó en su oportunidad que estos se producen, principalmente, en la etapa pre procesal.

En muchos casos, las víctimas, por vergüenza, miedo, sentido de culpabilidad o falta de acompañamiento, prefieren no presentar una denuncia. De hecho, Unicef reseña que en el país el 15% de abusos es denunciado y “solo el 5% es sancionado”, con base en una encuesta de 2014. Sobre esto último, Jalkh aseguró que la Función Judicial trabaja para fortalecer la asistencia legal gratuita y así evitar que los perjudicados abandonen los casos y con ello impedir la impunidad.

Familias piden garantías 
° Además de las recomendaciones hechas por la Comisión Aampetra, que investiga los casos de violencia sexual en el ámbito educativo, Patricia Espín, madre de una de las víctimas del caso CEBI de Ambato, pidió que se prevea una normativa que ampare a los padres de los menores abusados, pues, según explicó, reciben amenazas y tienen temor de que se cumplan.
“Ojalá caigan los peces gordos, pero mientras eso sucede necesitamos garantías para saber que nada nos pasará”, recalcó. (Diario La Hora)

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