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La Fiscalía conoció en julio de 2016 estas conclusiones, entre las que constan pedidos de destitución. 

La aparición de un informe de la Contraloría reaviva el debate sobre las denuncias de injerencia en la Justicia. Se trata del documento DAAC-0070-2017, presentado por el asambleísta Esteban Bernal, en el que  se establece que el presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, en 2014, “otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación ni el cargo para el que postuló la persona elegible”.

El informe consta en la página web de la Contraloría y establece responsabilidades civiles por más de 3,7 millones, responsabilidades administrativas por más de 45.000 dólares y determinaciones de destitución. Fue enviado a la Fiscalía el 12 de julio de 2016, en su calidad de entidad observada.

El asambleísta Esteban Bernal (CREO), quien entregó el documento el miércoles al Consejo transitorio de Participación Ciudadana, sostiene que para el hallazgo de este informe tuvo que desarrollar, junto al jurista Hernán Ulloa, una estrategia que consistió en tramitar un acto administrativo ante la Fiscalía de Guayas para que esta pida a la Contraloría que le remita el documento.

“Gracias a que existe actividad institucional interna de mandos medios que no tienen porqué limitar el acceso a la información, nos entregaron de manera formal” el informe, dice el legislador y cree que fue subido recientemente a la web institucional.

Según dice, él conocía que el informe existía, pero no lo encontró en el sistema. “Es probable que lo hayan subido porque el asunto ya es público, pero yo tengo inclusive el documento que presentamos en las medidas cautelares para pedir la suspensión del concurso (que hasta ayer desarrollaba la Judicatura)”, dice.

Las irregularidades
En cualquier caso, una vez revisado el contenido, Bernal vio que “la Contraloría decía que el Consejo de la Judicatura ‘le metió la mano’ a la Justicia, decía que los concursos que fueron observados, investigados, auditados, tenían serias irregularidades, como haber adjudicado nombramientos a agentes fiscales que habían obtenido menor puntaje en desmedro de los que habían obtenido mayor puntaje”.

3
concursos que llevaba a cabo la Judicatura fueron suspendidos.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, considera que el asunto es grave porque de allí se pueden desprender varios delitos, como prevaricato o falsificación de documentación. Aunque lo de fondo es que demuestra la “injerencia en la designación, el nombramiento y la toma de decisiones”, que la década pasada se perpetuó en la Justicia.

Este jurista cree que se debe investigar si los “favorecimientos de parte del Consejo de la Judicatura respondieron a personas allegadas, adscripción política o si hubo corrupción económica de por medio”. Duda, sin embargo, que la Fiscalía, bajo el mando de Carlos Baca Mancheno, lleve adelante alguna investigación.

Según Bernal, la aparición de este informe “afianzó las decisiones” del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que resolvió suspender los actuales concursos para designación de fiscales y funcionarios de Justicia.

El exfiscal Galo Chiriboga le respondió ayer a La Hora que se pronunciará la siguiente semana, una vez que examine los documentos. 

La respuesta de Gustavo Jalkh
°El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, le restó importancia al informe de la Contraloría. El funcionario deslindó responsabilidad de su administración en las supuestas irregularidades y dijo que los actores políticos quieren hacer del agua lodo y buscar en cualquier lado algún tipo de observación “que no existe”.

2
años han pasado desde que la Fiscalía recibió este informe.
Aclaró que en el informe no se determina ninguna responsabilidad para la actual administración del Consejo y que las observaciones apuntan al Consejo de transición y a la misma Fiscalía, por la delegación de atribuciones para la realización de los concursos.

De otra parte, dijo que la resolución del Consejo de Participación tiene “vicios jurídicos”, que la entidad jurídica constitucional o jurisdiccional competente tendrá que analizar en su momento.

A su criterio, no hubo motivación jurídica constitucional suficiente, “violando de esta manera el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución, que determina que todo funcionario público y poderes del Estado están obligados a motivar jurídicamente sus actos administrativos y de poder público”.

Dijo que, al estar los tres concursos suspendidos, miles de participantes se verán truncados en sus derechos. (Diario La Hora)

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