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Organizaciones señalan que fue desmantelado en estos años. Se admiten falencias. 

Cinco años se cumplieron ayer desde que en el anterior Gobierno se decidió eliminar al Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), y para las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, todavía no está claro quién tiene la rectoría de la protección de los derechos de los niños en Ecuador.

Desde el grupo Rescate Escolar su representante, Sybel Martínez, alerta que, “en la práctica, ninguna institución del Estado ha suplido lo que se debía hacer” en favor de este grupo poblacional vulnerable.

Un criterio similar tiene Freddy Romero, de Plan Internacional, quien apuntó que en los últimos años “lamentablemente el sistema de protección integral a la niñez y adolescencia que existía, prácticamente, fue desmantelado”.

El vocero de esta organización no gubernamental recordó que en cada uno de los cantones había una junta o un consejo de protección de derechos de niñez y adolescencia, pero que dejaron de existir cuando en 2014 se creó el Consejo Nacional para la Igualdad.

Romero indicó que ese organismo, al ser encargado también de las políticas públicas en temas de adultos mayores y jóvenes, perdió la especificidad que se requiere en temas de niñez y “no ha podido centrarse como debería”.

En criterio de ambas organizaciones, Ecuador tiene que volver a pensar en cómo fortalecer el sistema de protección integral a la niñez, sobre todo frente a casos como el ocurrido con Emilia, una niña de 9 años, quien fue violada y asesinada a finales del año pasado en Loja.

Ayuda insuficiente 
Para Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, resulta “un drama” que desde las instituciones públicas se esté dando respuestas “pero aisladas, no articuladas” a las víctimas de abuso sexual, por ejemplo.

2
años han pasado desde que se expidió un reglamento para la creación de un nuevo sistema de protección de derechos.
Comentó que en todo el país “solamente existen 42 servicios especializados de protección especial (Sepes)”, pero que resultan “absolutamente insuficientes para toda la problemática” que se vive en la actualidad.

“Detrás de cada acto de agresión sexual se produce un cúmulo de afectaciones en las que el Estado tiene que dar respuestas (salud, asistencia sicológica, en el ámbito social…). Lamentablemente en el país los servicios de atención son insuficientes y no están organizados de manera adecuada”, dijo.

Son cuestionamientos que ya los hizo el Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, luego de que en septiembre del año pasado Ecuador presentara un informe respecto al cumplimiento de la Convención de la que forma parte desde hace casi 30 años (ver recuadro). (Diario La Hora)

El antecedente 
° En el decreto ejecutivo 1356, con el que se consumó la supresión del INFA en el anterior Gobierno, se especificó que todas las atribuciones, competencias, funciones, representaciones y delegados pasarían a ser ejercidos por el Ministerio de Inclusión. Sin embargo, en el informe de desarrollo social 2007-2017 se especifica que el mandato constitucional y las competencias que el Estado le confiere a esa Cartera es convertirse en un “organismo rector de la política y en desarrollo infantil”; es decir, menores de 5 años de edad.

Recomendaciones 

Comité de los Derechos del Niño

° Garantizar el funcionamiento operativo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros específicos, a todos los niveles, y que el mandato del Sistema continúe siendo específico en cuanto a los derechos del niño y se diferencie del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.

° Acelerar el establecimiento de consejos cantonales de protección de derechos y garantizar la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros por parte de las autoridades cantonales para la implementación de los derechos del niño. (Diario La Hora)

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