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Quito –

El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición atraviesa un proceso de evaluación y optimización de personal, y a un mes y medio de funciones cesó a unos 90 funcionarios, e incorporó a 20 personas en cargos de nivel jerárquico superior, cuyos salarios varían entre $ 2.000 y $ 4.000.

Hasta febrero el organismo contaba con 411 servidores, y se conoció que unas 90 personas fueron cesadas, sus contratos eran de servicios ocasionales.

El miércoles pasado, el CPC aprobó una disposición para proceder con la “evaluación y optimización del personal, incluidas las delegaciones provinciales”, y así contribuir al plan de austeridad, que ordenó el presidente Lenín Moreno.

Las principales secretarías de la entidad, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Participación y Control Social están a cargo de María de Lourdes Arboleda y Mateo Martínez, respectivamente. La primera es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y solicitó licencia mientras ocupa tal función. El segundo se desempeñó en la Universidad Nacional de Educación, y a inicios del gobierno de Rafael Correa fue asesor en el extinto Ministerio de Gobierno.

La coordinación de Relaciones Internacionales está a cargo de Juan José Morillo, que en el 2011 fue parte de la comisión ciudadana de selección, que designó a Galo Chiriboga como fiscal de la Nación. Laboró en la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Consejo de la Judicatura.

Como subcoordinador de Transparencia se posesionó a Gustavo Palacio Urrutia, hermano del expresidente de la República, Alfredo Palacio.

La subcoordinación de Patrocinio está a cargo de Bayron Pacheco, quien se ha desempeñado como fiscal y abogado en el Consejo de la Judicatura.

Blanca Velásquez, militante de Pachakutik, asumió la coordinación de Interculturalidad; la de Comunicación, Estefanía Páez, exservidora del Consejo de la Judicatura y administradora de una empresa privada que organiza eventos públicos. Otro servidor como Giovanny Ortiz estará a cargo del departamento de Talento Humano, antes ha estado en los ministerios del Deporte, Educación y de Inclusión Económica y Social, y en la Judicatura.

La secretaría general la asumió Darwin Seraquive, abogado de la Comisión Anticorrupción y hombre de confianza del presidente del CPC, Julio César Trujillo, que es también coordinador de la agrupación ciudadana. Los dos pidieron licencia. Al igual que Verónica Acosta y Noemí Mogollón, asesoras directas de Trujillo y que también están vinculadas a la CNA. (Diario El Universo)

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