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El delito que se pesquisa, según la Fiscalía es la oferta de tráfico de influencias. 

El Complejo Judicial Norte de Quito es desde ayer el escenario de la audiencia de juzgamiento de los tres procesados que fueron llamados a juicio por presuntas irregularidades en la adquisición de medicinas para la red Nacional Pública, a través de millonarios contratos realizados sin licitación. El supuesto delito que se persigue es la oferta de realizar tráfico de influencias, tipificado y sancionado con entre tres y cinco años de prisión.

A decir de la Fiscalía, en estas irregularidades también podrían estar inmersos funcionarios públicos en ciertas negociaciones para la adquisición de medicamentos, pero solo procesó al exfuncionario del Ministerio de Industrias y Productividad Santiago Sosa. Argumenta que se entregaban porcentajes de los contratos para los funcionarios y terceras personas, a las que tampoco identifica.

Este proceso penal tiene como antecedente un parte informativo policial del 8 de julio de 2016, en el que se da cuenta de ciertos acontecimientos que se relacionan con un presunto delito de tráfico de influencias en la contratación de medicamentos con la participación de entidades estatales, funcionarios públicos y terceras personas.

Según las investigaciones, el dinero ilegal obtenido en estas contrataciones sería enviado al exterior a través de empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales, donde se aseguraron estos fondos y se evitaba que fueran rastreados en Ecuador.

Más detalles
Uno de los intermediarios habría sido  Juan Vinelli Ayala (procesado), quien es el representante legal de la empresa Megarmi, que mantiene vínculos con la empresa Sinopam, habiéndose firmado, además, un convenio marco de sociedad estratégica con Biofarma de Panamá. Este mismo ciudadano tendría relación con la empresa ‘offshore’ Magson Portafolio Corp, que trabaja sobre estos temas con el exfuncionario público del Mipro, Santiago Sosa Astudillo (procesado), quien lo acompaña en las reuniones de este tipo, para consumar sus negociaciones.

EL DATO
A la audiencia de juicio, que está previsto concluya hoy, acudieron más de 60 testigos y peritos tanto de Fiscalía como de los procesados.
Dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía se habría evidenciado que Juan Vinelli Aguirre (procesado), padre de Juan Vinelli Ayala, sería uno de los accionistas mayoritarios de Megarmi y de Magson Portafolio Corp y tendría conocimiento de todas y cada una de las actividades desarrolladas por Santiago Sosa Astudillo.

Erwin Blum, abogado de los procesados, cuestionó la actuación de la Fiscalía. Dijo que ahora la audiencia se centra en una grabación en la que se escucha un pedido a uno de los procesados para que le ayuden a cobrar una deuda.Dijo que ahora la fiscal ya no se refirió a la compra de fármacos. (Diario La Hora)

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