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Empresarios y analistas esperan definiciones rápidas. Autoridades aún no dan a conocer la normativa. 

Las reformas tributarias, la subida de partidas arancelarias, el fortalecimiento del mercado de valores y el impulso a la Ley de inversiones, son los principales puntos de preocupación, tanto de sectores productivos como analistas y académicos, en el marco de la Ley económica.

En primer lugar, dentro de los aspectos tributarios, está la eliminación del crédito tributario al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) de insumos, materias primas y bienes de capital. El miércoles pasado, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) envió una carta a la ministra de Industrias, Eva García, con el objetivo de que realice las gestiones necesarias para que no se aplique esa medida.

“La eliminación del crédito tributario es el símil de un aumento tributario automático de 5% a materias primas y bienes de capital, lo que conlleva un aumento de costos de producción”, recalcó el comunicado.

Eliminación del crédito tributario
A este respecto, Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), confirmó que la eliminación del crédito tributario está dentro de la Ley económica y que se lo piensa reemplazar por un sistema de devolución directa. “Mensualmente se devolverá a los agentes económicos el ISD que paguen por insumos, materias primas y bienes de capital. Actualmente, el crédito tributario se otorgaba de forma anual para pagos de Impuesto a la Renta”, acotó.

Sin embargo, Paúl Montenegro, experto tributario, aseveró que a pesar del anuncio de Orlando, todavía no está claro cómo se efectuará ese procedimiento de devolución, o si está realmente contemplado. “Las autoridades deben aclarar por qué si dicen que no se afectará al sector productivo, y el crédito tributario se convertirá en devolución, dentro de los presupuestos de recaudación hay un valor de 330 millones por la eliminación de exenciones del ISD”, puntualizó.

EL DATO
Si la Ley económica urgente incluye los lineamientos de la Ley de inversiones del ministro Campana, los empresarios proyectan que se podría aprovechar 4.422 millones en nuevas inversiones.
Otro aspecto tributario que preocupa es la imposición de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a seguros de vida y salud. Según Ruperto Moreira, especialista en seguros, la afectación directa es a 1’360.000 beneficiarios de estos servicios. “No solo que habría más demanda del servicio público de salud, sino que habría afectación en el sistema crediticio nacional porque el IVA también gravaría al seguro de desgravamen”, contó.

Remisión tributaria y mercado de valores
Finalmente, el otro gran tema de incertidumbre es la llamada remisión tributaria, que busca abrir un plazo para que las empresas que mantienen deudas con el SRI puedan regularizar sus pendientes con descuentos y facilidades. Analistas como Fausto Ortiz y el mismo CEE alertaron que este proceso debe tener reglas claras, que establezcan que por lo menos en los próximos 10 años no habrá estas facilidades, con el objetivo de que la mayoría de empresas morosas paguen. Caso contrario, el riesgo es que se recauden solo 300 millones de los 800 millones de dólares proyectados con esta medida.

Con respecto al mercado de valores, empresarios y analistas coinciden en que la forma más rápida de fortalecerlo es a través de la eliminación del impuesto a la ganancia en la venta de acciones, con lo que se facilitaría la entrada de capitales externos que puedan financiar proyectos productivos.

A esto se añade las exenciones y simplificación de procesos para los inversionistas que estaban incluidas en la Ley de inversiones que impulsó, a finales del año pasado, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior.

En este sentido, Orlando aseguró que los lineamientos básicos de esa Ley estarán incluidos en la Ley económica urgente. “Habrán grandes e importantes beneficios a la inversión, tanto en tributos como en otras facilidades”, añadió sin hacer mayores especificaciones.

Para concluir, el último punto de preocupación es el aumento de aranceles en 270 partidas de productos, lo que según el CEE significaría un incremento de pago de tributos de 500 millones de dólares anuales, sobre todo en las industrias de químicos, alimentos y bebidas, metalmecánica y agroindustrial. (Diario La Hora)

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