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Los gastos se cuentan por millones. En los últimos cinco años, la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) ha manejado, al menos, 284,7 millones de dólares en su presupuesto institucional. El uso de esos recursos será revisado, otra vez, por la Contraloría General como adelantó ayer EXPRESO.

La entidad “auditará” la auditoría que hizo el excontralor, Carlos Pólit, y que corresponde al periodo 2012-2017.

Una parte de esa revisión será de exclusiva responsabilidad del contralor subrogante, Pablo Celi. Por disposición legal, a su cargo está la verificación del uso de los “gastos especiales destinados a actividades de Inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y defensa nacional”.

La Senain, dice la ley de Seguridad, tiene un fondo permanente para esas actividades. El monto, añade esa misma norma, “será de acceso público, no las asignaciones de los gastos que será información clasificada”. Ese monto, a pesar de lo que diga la norma, no es público.

Únicamente en 2017, la secretaría publicó un desglose de sus gastos aunque no detalló el rubro destinado a las “operaciones inteligencia y contrainteligencia” (ver gráfico).

Precisamente, el destino de esos recursos reservados ha sido, en los últimos años, motivo de polémica. En septiembre, este Diario publicó una serie de reportajes que ponía en evidencia cómo la Secretaría mantuvo bajo vigilancia a los partidos de oposición y a los movimientos sociales críticos con el Gobierno de Rafael Correa. Los informes demostraban también cómo la Senain financió encuestas electorales y definió estrategias para aprobación de normas en la Asamblea.

¿A dónde fueron a parar los recursos públicos? Por seguridad, la Senain mantiene bajo reserva los destinatarios e incluso la nómina de sus funcionarios aunque sí tendrá que informar al contralor.

El examen anterior a las cuentas de la Senain en la época de Pólit (hecho público por el activista político, Fernando Villavicencio) da algunas pistas de las irregularidades en los pago con fondos reservados. La Secretaría, por ejemplo, habría pagado 41.500 dólares a un ciudadano español por compra de información. Los pagos se realizaron en Montevideo. La Contraloría pidió una certificación a la Embajada de España que no encontró rastros de ese ciudadano.

Lo mismo pasó con el pago de 1.800,00 que se hizo por el alquiler de un vehículo. El dinero fue retirado por una persona que no consta en las bases del Registro Civil, dice el documento.

Las polémicas

Encuesta

Los fondos reservados también sirvieron, según un documento revelado ayer, para contratar por 582.000 dólares la ejecución de una encuesta de intención de voto en 2014, en la operación denominada Hermes. El contrato se habría firmado con la encuestadora Ciess, dirigida por Tatiana Larrea.

Yasunidos

El colectivo ambientalista llevó al secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, a la Fiscalía. Como publicó EXPRESO, en septiembre, el proceso de recolección de firmas para una consulta popular, organizado por el colectivo Yasunidos, fue seguido de cerca por los espías de la Secretaría. Ellos llevaron el caso a la justicia.

Comisión 30s

Según una denuncia que fue entregada, el lunes, a la fiscal subrogante, Thania Moreno, con gastos reservados también se pagaron los sueldos de tres comisionados encargados de investigar la revuelta policial del 30S. Uno de los señalados es el fiscal Carlos Baca que negó esa acusación. (Diario Expreso)

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