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Era una de las leyes en las que, como contó EXPRESO, el Ejecutivo y la Asamblea caminaban por orillas diferentes. Al final, el presidente jugó una de sus cartas más efectivas y vetó totalmente el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, aprobado en el Legislativo.

A cambio, envió su propio texto: la Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante. Él cree que los 10 artículos y las cinco disposiciones que propone serán más efectivos en la tarea de recuperar el dinero perdido en casos de corrupción, que las reformas que aprobaron 107 asambleístas.

En juego están, informó la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, unos 40.000 millones de dólares.

Según dijo, el Ejecutivo tiene una “estrategia” para luchar contra la corrupción que empezó con la creación del Frente Contra la Corrupción e incluye la ley para la extinción de dominio, que ya está en la Asamblea. En el proyecto se asegura que ese trabajo “ha permitido localizar dinero y activos en distintos países”. La tesis del Gobierno es que en la mayoría de casos, el dinero sustraído ilícitamente se encuentra fuera de nuestro país.

El presidente asegura que la UAFE y la Procuraduría ya están trabajando para traer ese dinero de vuelta, aunque no da más detalles. En su proyecto en cambio propone incentivos para que la ciudadanía denuncie, ofrece protección a los informantes y no sancionar a los ‘testaferros’ que delaten a los propietarios reales de los bienes.

Ella estuvo en la Asamblea para entregar formalmente el proyecto del Ejecutivo. Ese documento tiene que ser calificado por el Consejo de Administración Legislativo (CAL) y enviado a una de las comisiones. Pesántez pidió celeridad. “La ciudadanía exige que ya tengamos resultados efectivos en la recuperación del dinero”, manifestó.

Y, según dijo, la ley aprobada por la Asamblea no contribuía en ese camino. El texto vetado, explicó, alargaba los tiempos procesales innecesariamente, tenía normas que podían crear confusiones entre los operadores de justicia. Criticó también que se haya incluido la figura de comiso sin sentencia de los bienes obtenidos de manera ilegal. Por eso, se desechó esa normativa con las iniciativas de 17 legisladores de diferentes bancadas.

En la Asamblea el veto fue recibido con amargura, sobre todo por los miembros de la Comisión de Justicia que trabajaron, al menos, desde octubre de 2017 en la redacción del texto.

Ximena Peña, coordinadora de bloque de Alianza PAIS, reconoció un problema de coordinación con el Ejecutivo (colegislador, por ley), principalmente en las comisiones presididas por legisladores de la oposición, según comentó a este Diario. “Antes era un poco más fácil porque teníamos presidentes de comisión que eran oficialistas. Ahora se complica la coordinación y el diálogo”.

La propuesta del presidente

Recompensa

Quien suministre información que ayude a recuperar el dinero de la corrupción accederá a una compensación de hasta el 20 % de lo recuperado.

Informantes

Cuando un servidor público se convierta en informante podrá pedir el traslado administrativo provisional o, de ser necesario, licencia con remuneración.

Protección

Los funcionarios que denuncien actos de corrupción, fundamentados y verificados, recibirán un reconocimiento público y protección, de ser el caso.

Repetición

El Estado ejercerá este derecho de forma inmediata sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales. La acción prescribirá en cuatro años.

Cooperación

La persona que coopere con información podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena, en los términos previstos en el Código Integral Penal.

Familia

De ser necesario, los informantes entrarán a formar parte del sistema de protección de víctimas y testigos. Esa medida podrá extenderse al núcleo familiar.

Bienes ilícitos

Los terceros que posean activos de origen ilícito y que en un plazo de 90 días permitan su recuperación en favor del Estado no serán castigados por enriquecimiento no justificado. (Diario Expreso)

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