Compartir

Los transportistas urbanos deberán cumplir otra obligación. La Ley de Reactivación Económica estableció que las cooperativas y los municipios, con población mayor a 200 000 habitantes, deberán contar con un sistema de cobro de pasaje a través de medios de pago electrónico, desde el 2022.

Cuenca tiene mayores avances. En mayo del 2017, el Concejo Cantonal aprobó la ordenanza que obliga el uso exclusivo de la tarjeta electrónica para cancelar el pasaje urbano. La decisión entrará en vigencia desde este 1 de abril.

Este sistema empezó en el 2009 con la implementación del modelo de caja común para los 475 buses, que forman parte de siete empresas agrupadas en la Cámara de Transporte.

Los transportistas implementaron el Sistema Integrado de Recaudo.La Cámara invirtió USD 7 millones en la instalación del software (validadores y máquinas monederas).

Desde entonces, los usuarios cancelan con monedas y tarjetas electrónicas, pero a partir del 1 de abril solo se permitirá el uso de la última opción. Desde el lunes, 8 de enero del 2018, empezará una campaña de difusión del uso de la tarjeta Movilízate.

Según Alfredo Aguilar, exgerente de la Empresa de Movilidad de Cuenca, alcanzar el nivel logrado en la capital azuaya debería ser un objetivo para el resto de ciudades.

“El uso de un sistema electrónico es un tema imperativo que tiene más beneficios para la transportación como controlar la evasión”.
Él dijo que este tema no debe ser negociable. “Las autoridades y dirigentes deben dialogar sobre proyectos viables para llegar al uso de medios electrónicos”.

En Quito existe una norma para implementar el Sistema Inteligente de Transporte, que incluye los sistemas Integrado de Recaudo, de Ayuda a la Explotación y de Información al Usuario.

La ordenanza que habilita la implementación del sistema tomó 20 meses y se concretó en septiembre pasado. El entonces secretario de Movilidad, Darío Tapia, dijo que el concurso internacional para poner en marcha el sistema se presentaría en 45 días.

El objetivo era que empezara a trabajar progresivamente en todos los servicios, desde el 2018. Según el nuevo secretario, Fausto Miranda, se alistan los términos de referencia del concurso, que será lanzado en febrero o marzo.

El Metro de Quito, que operaría en el 2019, deberá trabajar con el sistema y el Municipio prevé aplicarlo en QuitoCables, los servicios troncalizados y buses convencionales.

En Guayaquil, el pago a través de tarjetas electrónicas se cumple desde el 2015, pero solo en la Metrovía. Su gerente general, Leopoldo Falquez, dijo que esta opción permite que diferentes instituciones y sistemas de transporte se incorporen en la misma tarjeta.

Sobre la reforma, Falquez señaló que es un tema tecnológico, para empatar el actual sistema de cobro con otro que incluya medios electrónicos.

En Ambato, los dirigentes de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano esperan iniciar las pruebas para el funcionamiento de la caja común en marzo. Los transportistas instalarán en sus unidades los sistemas requeridos.

Washington Núñez, presidente de los transportistas, indicó que los dirigentes de las cinco operadoras, que son parte de la Unión, afinan los detalles para reducir los costos de operación y mantenimiento de sus unidades. “Una vez que comience a funcionar la caja común, se prevé la implantación del cobro con la tarjeta electrónica”.

En cambio, las cooperativas de Santo Domingo y la Empresa Municipal de Transporte analizan desde el 2015 la implementación de la caja común, que se aplicará para las 394 unidades. El gerente de la empresa Ejecutrans, George García, dijo que aún no hay financiamiento para comprar el equipo informático ni los sistemas.

Pero los gerentes de las cooperativas plantean hacerlo si la Empresa de Transporte da la infraestructura para cargar las tarjetas de pago y brinda las facilidades a las personas con capacidades especiales. No saben cuándo se aplicará.

En contexto

El uso de medios de pago electrónico es un requerimiento de la Ley de Reactivación Económica, publicada en diciembre pasado. Los transportistas deberán efectuar inversiones para adquirir el software y los equipos; los municipios, generarán las políticas. (Diario El Comercio)

Dejar una respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí