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El excanciller panameño Fernando Núñez, acompañado por la defensa del exasambleísta Galo Lara, ofreció ayer una rueda de prensa en Guayaquil y lanzó algunas acusaciones contra el Gobierno de Rafael Correa.

Dijo, por ejemplo, que el anterior Régimen invirtió más de dos millones de dólares para extraditar a Lara desde Panamá, para que cumpla su sentencia en el caso Quinsaloma.

Los recursos, según el político, sirvieron para cubrir gastos de hospedaje, alimentación, viaje en avión privado y traslados internos para 19 personas, entre familiares acusadores, personal policial, militar y funcionarios de alto nivel.

Núñez, quien fue funcionario en el Régimen de Ricardo Martinelli, aseveró también que le sorprendió el despliegue de personas para “presionar” por la extradición de un político inmiscuido en un caso de supuesta delincuencia común.

19
personas habrían ido a Panamá, según el excanciller. 
“Al final, no revoqué el asilo y me costó el puesto. Francisco Álvarez de Soto me reemplazo en el cargo y, de forma rauda y veloz, firmó la revocatoria e hizo el intercambio con los tripulantes del barco ‘Doria’”, declaró. Dicha embarcación fue apresada en aguas de Ecuador con un cargamento de cocaína.

El proceso
El exdiplomático espera que este lunes, cuando se instale la audiencia de revisión de la condena, los jueces de la Corte Nacional de Justicia le permitan hablar. Juan Vizueta, abogado de Lara, especificó que en la audiencia presentará testigos que hablarán en la línea de que el caso es una persecución política. Jenny Lara, hermana del político, dijo que la familia tiene esperanzas en este nuevo proceso. (Diario La Hora)

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