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Homero Castanier analiza la deuda del Estado con los jubilados del sector público. 

Tras el fracasado intento de que en la Asamblea se integre una comisión ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, el legislador de CREO Homero Castanier, impulsor de esta iniciativa, explica su visión sobre la realidad de los jubilados del sector público y por qué es importante la integración de esa mesa.

¿Cuál es la situación de los jubilados?
Durante estos últimos seis años ha habido varias modificaciones en el modo de jubilarse, entre decretos, cambios en la Constitución y acuerdos ministeriales. Eso ha generado incertidumbre entre los jubilados y lo más grave es que la bonificación, el incentivo jubilar que está contemplado en la Constitución se ha vuelto una ‘bola de nieve’, una deuda casi inmanejable que supera los 1.120 millones de dólares. Son casi 15.000 jubilados, 15.000 familias que no reciben esa bonificación.

¿No se han tomado medidas?
Se ha hecho una tabla por parte del Ministerio del Trabajo donde se establecen prioridades. Es decir, más de 70 años, enfermedad catastrófica, discapacidad. Ahora resulta que es un requisito constitucional estar postrado, con cáncer o ciego. Es denigrante. Incluso le dan cuatro puntos más cuando se muere, para darle a la familia. Entonces si un jubilado se ha muerto, más pronto le dan a la familia. La jubilación debe ser una época de descanso, de tranquilidad y que no anden mendigando de institución en institución. Hay muchos jubilados que se han muerto sin recibir esa bonificación.

¿Ese incentivo lo reciben todos o hay especificaciones?
Todos los empleados públicos. El rubro más grande se adeuda a los maestros. Incluso hubo irresponsabilidad de algunos funcionarios cuando se desvinculó supuestamente de manera planificada a más de 3.000 maestros ofreciéndoles el incentivo jubilar, y el rato en que se fueron, no les pagaron.

¿Qué implica un incentivo jubilar?
Todo empleado público, cuando se retira, recibe aparte de la jubilación patronal del IESS un bono, dependiendo de cuánto ganaba. En la Constitución de 2008 pusieron una transitoria para que se pague a los jubilados (docentes del sector público) hasta 150 salarios básicos.  Todos los cambios que ha habido no valen, son inconstitucionales. (Rafael) Correa quiso derogar eso, decir que el que se jubila voluntariamente no tiene derecho a esa bonificación, pero eso es irrenunciable.

¿Cómo se generó la deuda de más de 1.000 millones?
La gente empieza a jubilarse y no les pagan. Se jubilan 400 un mes, 300 otro mes… Este rato hay instituciones que ponen letreros: ‘Están prohibidas las jubilaciones’.

¿Cómo es la relación Estado–jubilados ahora?
El problema es que existen compromisos. Cogen a un grupo de jubilados, a una asociación y el Ministro del Trabajo o el de Finanzas firma un compromiso de pago. Yo tengo entre mis papeles 14 compromisos de los diferentes años con diferentes ministros. Pero les han incumplido.

Usted presentó la propuesta para que se integre una comisión ocasional. ¿Qué debería determinar esa comisión?
El objetivo era establecer el monto real de la deuda, porque el Ministerio del Trabajo da un valor, el de Educación otro, el de Salud otro, incluso el de Finanzas da otro valor. Lo segundo es establecer a quiénes se les debe, quiénes han cumplido los requisitos. Y establecer un compromiso de pago.

¿Por qué una comisión ocasional y no en una permanente, como la de los Trabajadores?
La Comisión de Trabajadores ha recibido seis veces a los jubilados y no ha habido ni acciones ni respuestas. La de Participación Ciudadana les ha recibido, la de Régimen Económico y no ha existido algo puntual.

La integración se truncó porque fue a un asambleísta oficialista al que se hizo proponer. ¿Cómo evalúa eso?
Pienso que un ladrón roba lo que carece. El que se hayan robado nuestra propuesta es indignante. Pero no se podrán robar nuestras buenas intenciones.

¿Se puede retomar esta propuesta en el Pleno?
Lo que no se logró es la conformación de la Comisión, pero la formación está aprobada. Espero que en enero se ponga en el orden del día. Por ética el proponente debe ser quien proponga los nombres de los que integren la Comisión. (Diario La Hora)

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