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A sus 86 años, el abogado imbabureño Julio César Trujillo en lo que menos está pensando es en alcanzar una vida sosegada. Dice que mientras se sigan cometiendo irregularidades en la función pública, su misión y la de sus compañeros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) será denunciarlas.

– ¿Cómo recibe el hecho de que su nombre se proponga para conformar el Consejo de Participación Ciudadana transitorio?

– En estos casos siempre surgen dos sentimientos contradictorios: por un lado, satisfacción de ser tomado en cuenta para estas funciones de mucha responsabilidad; pero también cierto temor de no poder responder a las expectativas que tienen, en este caso, las organizaciones sociales, que han propuesto mi nombre.

– ¿Aceptará esta nominación que nace desde los sectores sociales?

– Hay dos cosas que deben pasar antes de que acepte o no. Primero depende de que el presidente Lenín Moreno acoja mi nombre y luego que la Asamblea vote a mi favor y en la Asamblea no tengo partidarios de ningún tipo. Algunos amigos sí, pero que no tienen compromiso conmigo.

– Si se dan todas estas condiciones, ¿hay posibilidad de presidir el organismo transitorio?

– Entonces ahí se requerirá de una tercera condición: que los demás integrantes piensen que soy el adecuado para dirigirlo. Pero la verdad no creo que esté para presidir este Consejo. Puedo acompañar y me siento en la capacidad intelectual y creo que moral para hacerlo, pero dirigir una organización requiere capacidad física y con mi edad, ciertamente, mi agilidad no es la misma de antes.

– Tomando en cuenta este último detalle, ¿ha considerado poner un freno a su lucha?

– Si la sociedad le toma a alguien en cuenta y le confía una función, es obligación aceptar, más en este momento porque creo que uno de los problemas del presidente Moreno es la falta de un equipo. Y si de alguna manera se puede suplir esa falencia con nuestra colaboración, estamos obligados a hacerlo.

– ¿Cuál debería ser la acción más urgente que ejecute este organismo transitorio?

– Pasa que este Consejo tiene una misión concreta y delicada, que es evaluar a las autoridades de control que han sido nombradas por el Consejo de Participación cesado. Luego, de darse el caso, removerlos y buscar sus reemplazos en personas que la sociedad civil encuentre que son realmente mejores que los actuales funcionarios. Es una tarea delicada que requiere tiempo, meditación y debate.

– De las actuales autoridades de control, ¿salvaría la labor de alguna?

– De lo que me he enterado por los medios de comunicación, que son los únicos que nos permitieron saber lo que ocurrió en el país en los últimos 10 años, no encuentro un funcionario que merezca la confianza. Pero esa es una apreciación subjetiva que habría que confrontar con los hechos y documentos que aparezcan del examen a su gestión.

– ¿Esta institucionalidad en crisis se resuelve cambiando personas, o es necesario un cambio estructural?

– En algunos casos considero que es posible dar un giro haciendo un cambio de funcionarios que no han cumplido a cabalidad la misión que los ecuatorianos les encomendaron.

– ¿Y tiene sentido que el organismo de participación social esté bajo la tutela, incluso política, del gobierno de turno?

– En la Constitución de 1998 se concibió la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que era designada por las organizaciones de la sociedad civil y no por las funciones del Estado y tampoco asumía funciones que corresponden al Estado. En el Ecuador de la última década se distorsionó la idea; el Consejo recibió atribuciones incluso de poder político y ahí tenemos las consecuencias.

– ¿Hasta dónde ha penetrado la corrupción al Estado?

– La percepción ciudadana y los hechos posteriores indican que la corrupción se instaló en todas las instancias y por eso nace justamente la CNA, porque los ecuatorianos ven que los órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría, no hacen nada. Lo raro es que todos los ecuatorianos tenían esa percepción de que había corrupción, menos el expresidente Rafael Correa.

– ¿Cree que la responsabilidad del exmandatario no se limita a lo político?

– Al menos me queda la duda, porque no es posible que no haya percibido la corrupción a su alrededor. Si un funcionario, de la noche a la mañana, aparece con vehículos de alta gama, con casas y propiedades de lujo, lo menos que me puedo preguntar es de dónde está saliendo esa plata.

– Si algo hay que rescatar de los últimos 10 años, ¿qué sería?

– La corrupción no creo exactamente que sea algo que se pueda rescatar, pero eso es lo que quedó: corrupción y una incompetencia descomunal que pudo ser a propósito para generar más corrupción.

– Los defensores de Correa dicen que el legado, por ejemplo, son las obras. ¿No les da crédito?

– Obras empañadas por la corrupción y, en algunos casos, innecesarias. La Universidad de Yachay nos la vendieron como el prototipo perfecto de la educación superior. Nos dijeron que íbamos a estar a la altura de la educación en Estados Unidos y Francia, pero resulta que no pudieron ni construir el edificio porque ahí hay fallas increíbles. Obras mal hechas, pagadas con sobreprecios o innecesarias, no pueden rescatarse como positivas.

– Las denuncias de la CNA parecían una batalla perdida. Ahora, con limitaciones, se ven los frutos. ¿Qué sensación le deja?

– Alguien alguna vez nos preguntaba si éramos conscientes de los riesgos que estábamos tomando. Dijimos obviamente que sí, pero no sabíamos que esos riesgos se iban a concretar tan rápido cuando el excontralor, Carlos Pólit, nos enjuició y nos condenaron.

– ¿Qué se cruzó por su mente cuando la jueza dijo que eran culpables de calumnia?

– Me planteé una pregunta: ¿Qué tiempo más de vida me queda para demostrar que no soy el delincuente que la jueza dijo al declararme culpable? Para mi fortuna, la reacción de solidaridad de la gente fue inmediata. Por otro lado, el que nos acusaba de haberlo calumniado ya no está aquí y nosotros sí. La CNA nunca calumnió a nadie. En el caso del excontralor solo pedíamos que se haga una investigación por actos que, al menos, nos parecían extraños. Ahora vemos que los comisionados nos quedamos cortos en las sospechas.

– ¿Algún funcionario del gobierno le ha contactado para decirle que será tomado en cuenta?

– No he tenido acercamientos con ningún funcionario del gobierno, pero gente muy cercana al gobierno me ha manifestado que mi nombre podría ser tomado en cuenta por el pedido de varias organizaciones de la sociedad civil, que es lo que importa en realidad.

A sus 86 años, el abogado imbabureño Julio César Trujillo en lo que menos está pensando es en alcanzar una vida sosegada. Dice que mientras se sigan cometiendo irregularidades en la función pública, su misión y la de sus compañeros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) será denunciarlas.

¿Cómo recibe el hecho de que su nombre se proponga para conformar el Consejo de Participación Ciudadana transitorio?

En estos casos siempre surgen dos sentimientos contradictorios: por un lado, satisfacción de ser tomado en cuenta para estas funciones de mucha responsabilidad; pero también cierto temor de no poder responder a las expectativas que tienen, en este caso, las organizaciones sociales, que han propuesto mi nombre.

¿Aceptará esta nominación que nace desde los sectores sociales?

Hay dos cosas que deben pasar antes de que acepte o no. Primero depende de que el presidente Lenín Moreno acoja mi nombre y luego que la Asamblea vote a mi favor y en la Asamblea no tengo partidarios de ningún tipo. Algunos amigos sí, pero que no tienen compromiso conmigo.

Si se dan todas estas condiciones, ¿hay posibilidad de presidir el organismo transitorio?

Entonces ahí se requerirá de una tercera condición: que los demás integrantes piensen que soy el adecuado para dirigirlo. Pero la verdad no creo que esté para presidir este Consejo. Puedo acompañar y me siento en la capacidad intelectual y creo que moral para hacerlo, pero dirigir una organización requiere capacidad física y con mi edad, ciertamente, mi agilidad no es la misma de antes.

Tomando en cuenta este último detalle, ¿ha considerado poner un freno a su lucha?

Si la sociedad le toma a alguien en cuenta y le confía una función, es obligación aceptar, más en este momento porque creo que uno de los problemas del presidente Moreno es la falta de un equipo. Y si de alguna manera se puede suplir esa falencia con nuestra colaboración, estamos obligados a hacerlo.

¿Cuál debería ser la acción más urgente que ejecute este organismo transitorio?

Pasa que este Consejo tiene una misión concreta y delicada, que es evaluar a las autoridades de control que han sido nombradas por el Consejo de Participación cesado. Luego, de darse el caso, removerlos y buscar sus reemplazos en personas que la sociedad civil encuentre que son realmente mejores que los actuales funcionarios. Es una tarea delicada que requiere tiempo, meditación y debate.

De las actuales autoridades de control, ¿salvaría la labor de alguna?

De lo que me he enterado por los medios de comunicación, que son los únicos que nos permitieron saber lo que ocurrió en el país en los últimos 10 años, no encuentro un funcionario que merezca la confianza. Pero esa es una apreciación subjetiva que habría que confrontar con los hechos y documentos que aparezcan del examen a su gestión.

¿Esta institucionalidad en crisis se resuelve cambiando personas, o es necesario un cambio estructural?

En algunos casos considero que es posible dar un giro haciendo un cambio de funcionarios que no han cumplido a cabalidad la misión que los ecuatorianos les encomendaron.

¿Y tiene sentido que el organismo de participación social esté bajo la tutela, incluso política, del gobierno de turno?

En la Constitución de 1998 se concibió la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que era designada por las organizaciones de la sociedad civil y no por las funciones del Estado y tampoco asumía funciones que corresponden al Estado. En el Ecuador de la última década se distorsionó la idea; el Consejo recibió atribuciones incluso de poder político y ahí tenemos las consecuencias.

¿Hasta dónde ha penetrado la corrupción al Estado?

La percepción ciudadana y los hechos posteriores indican que la corrupción se instaló en todas las instancias y por eso nace justamente la CNA, porque los ecuatorianos ven que los órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría, no hacen nada. Lo raro es que todos los ecuatorianos tenían esa percepción de que había corrupción, menos el expresidente Rafael Correa.

¿Cree que la responsabilidad del exmandatario no se limita a lo político?

Al menos me queda la duda, porque no es posible que no haya percibido la corrupción a su alrededor. Si un funcionario, de la noche a la mañana, aparece con vehículos de alta gama, con casas y propiedades de lujo, lo menos que me puedo preguntar es de dónde está saliendo esa plata.

Si algo hay que rescatar de los últimos 10 años, ¿qué sería?

La corrupción no creo exactamente que sea algo que se pueda rescatar, pero eso es lo que quedó: corrupción y una incompetencia descomunal que pudo ser a propósito para generar más corrupción.

Los defensores de Correa dicen que el legado, por ejemplo, son las obras. ¿No les da crédito?

Obras empañadas por la corrupción y, en algunos casos, innecesarias. La Universidad de Yachay nos la vendieron como el prototipo perfecto de la educación superior. Nos dijeron que íbamos a estar a la altura de la educación en Estados Unidos y Francia, pero resulta que no pudieron ni construir el edificio porque ahí hay fallas increíbles. Obras mal hechas, pagadas con sobreprecios o innecesarias, no pueden rescatarse como positivas.

Las denuncias de la CNA parecían una batalla perdida. Ahora, con limitaciones, se ven los frutos. ¿Qué sensación le deja?

Alguien alguna vez nos preguntaba si éramos conscientes de los riesgos que estábamos tomando. Dijimos obviamente que sí, pero no sabíamos que esos riesgos se iban a concretar tan rápido cuando el excontralor, Carlos Pólit, nos enjuició y nos condenaron.

¿Qué se cruzó por su mente cuando la jueza dijo que eran culpables de calumnia?

Me planteé una pregunta: ¿Qué tiempo más de vida me queda para demostrar que no soy el delincuente que la jueza dijo al declararme culpable? Para mi fortuna, la reacción de solidaridad de la gente fue inmediata. Por otro lado, el que nos acusaba de haberlo calumniado ya no está aquí y nosotros sí. La CNA nunca calumnió a nadie. En el caso del excontralor solo pedíamos que se haga una investigación por actos que, al menos, nos parecían extraños. Ahora vemos que los comisionados nos quedamos cortos en las sospechas.

¿Algún funcionario del gobierno le ha contactado para decirle que será tomado en cuenta?

No he tenido acercamientos con ningún funcionario del gobierno, pero gente muy cercana al gobierno me ha manifestado que mi nombre podría ser tomado en cuenta por el pedido de varias organizaciones de la sociedad civil, que es lo que importa en realidad. (Diario Expreso)

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