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La Comisión de Justicia, que trató el proyecto vetado por el Ejecutivo, elevó críticas a esa decisión.

La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, presentó ayer en la Asamblea dos documentos: el veto total del Ejecutivo al texto aprobado en el Pleno y el nuevo proyecto de Ley Anticorrupción, iniciativa del Gobierno.

“Esta nueva norma aglutina todos los elementos importantes para esta lucha contra la corrupción, un cáncer que ha minado a nuestra sociedad. Necesitamos, de forma urgente, recuperar el dinero robado a los ecuatorianos”, declaró la funcionaria.

Agregó que el veto se debe a razones técnicas y jurídicas. Que no era una Ley pensada en ayudar a la estrategia de luchar contra la corrupción. Y señaló dos temas concretos: el comiso sin condena y el alargue de etapas procesales.

Los legisladores 
El proyecto, aprobado por el Pleno de la Legislatura el 14 de agosto, fue trabajado en la Comisión de Justicia. Marcela Aguiñaga (correísta) y Luis Fernando Torres (PSC), miembros de Mesa, fueron los primeros en criticar el veto.

31
días han pasado desde que se aprobó el proyecto en la Asamblea. 
“Está bien que el Presidente haya presentado un proyecto para luchar contra la corrupción. Lo que preocupa es que con el veto (…) queda fuera de la lucha contra la corrupción el comiso anticipado de los bienes de los corruptos sin necesidad de sentencia ejecutoriada”, dijo Torres.

Para él, esa es una medida necesaria en el caso de que los involucrados se hayan fugado, no se presenten al proceso y existan los indicios claros de que esos bienes fueron usados para cometer los delitos.

Y opinó que, contrario a lo manifestado por Pesántez, el proyecto buscaba acortar los tiempos “para llevar ‘de la oreja’ a los corruptos sin demorarnos como ahora nos demoramos en la justicia”.

La polémica

EL DATO
El CAL deberá destina el proyecto oficial a una comisión.
Por su parte, Aguiñaga, presidenta de la Comisión, dijo que el Presidente de la República tiene la potestad del veto total, pero lamentó “que se haya hecho eco de ciertos politiqueros, actores que buscan el medio político–mediático para buscar réditos”.

Se refiere a César Móntufar, quien venía cuestionando que en el proyecto de la Asamblea se cambie la tipificación de la asociación ilícita, ya que considera que iba a beneficiar al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado en primera instancia por la trama Odebrecht.

Cuatro argumentos 

Para el veto total

° El país necesita elementos jurídicos contundentes y ágiles que permitan luchar contra ese cáncer social que es la corrupción, pero el proyecto aprobado por la Asamblea no aporta significativamente en este sentido, y por el contrario, introduce elementos que podrían complejizar el cumplimiento efectivo de este fin.

Al pretender incorporar elementos adicionales en el tipo penal de asociación ilícita de manera sumamente indefinida y anti técnica, amplía de forma innecesaria y peligrosa la discrecionalidad de los juzgadores que lo apliquen.

El proyecto de Ley que se objeta desconoce las facultades privativas de la Contraloría.

La propuesta contiene dilatación de tiempos procesales, sobre todo en lo referente a la tramitación de la instrucción fiscal y las correspondientes vinculaciones, puesto que propone que ya no dure solamente 120 días, sino que se extienda a 180.  (Diario La Hora)

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