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El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a la Contraloría los archivos que respaldan las transferencias de dinero hechas a Alianza País (AP), desde el 2011.

Los documentos serán parte de los insumos del examen especial que realiza la institución al uso del fondo partidario.

La información fue confirmada por el secretario jurídico encargado de AP, Ricardo Zambrano, y por funcionarios de ambas instituciones. La semana pasada, la Contraloría emitió una notificación en la que se señala el inicio del proceso, según Zambrano.

El examen especial comenzó de oficio luego de la denuncia pública que hizo Zambrano sobre un “irresponsable manejo” del dinero en las cuentas de la organización ‘verdeflex”. En diciembre del 2017 la dirigencia de AP decidió también presentar una denuncia por escrito.

La Contraloría enfocará su examen en el uso de los recursos públicos. Según información de la secretaria ejecutiva de AP sancionada, Gabriela Rivadeneira, solo en el último año se manejaron 1,3 millones de fondo partidario.

Adicionalmente, Zambrano convocará a empresas auditoras privadas para que analice el manejo del dinero proveniente de los adherentes, las donaciones y el autofinanciamiento de la organización política. De los datos preliminares, él considera que el aporte privado era superior al público.

Para Zambrano se debe explicar, sobre todo, los últimos movimientos bancarios. Este viernes señaló que el 27 de noviembre se giró un cheque por USD 490 000 a una empresa de publicaciones. Ese mismo día la empresa hace una transferencia de USD 200 000 a las cuentas de AP.

A esto se suma un monto de USD 142 000 que se le adeudaría al Servicio de Rentas Internas (SRI) por un supuesto mal manejo administrativo. “No se generó retenciones en la fuente y nos han ido multando”, sostuvo Zambrano.

En caso de que se logre identificar movimientos bancarios anormales se hará una denuncia en la Fiscalía para que inicie una indagación previa.

Por otro lado, el manejo de las sedes es un tema pendiente para Zambrano. El viernes, 12 de enero del 2018, estaban colgadas banderas gigantes a favor del no en el edificio principal en el norte de Quito. Desde el inicio del año Zambrano con cuenta una orden judicial para ingresar a las instalaciones. Sin embargo, esperará “el momento oportuno” para ocupar los edificios. (Diario El Comercio)

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