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A la Fiscalía le tocará obtener las pruebas del cobro de diezmos de parte de los asambleístas a sus asistentes y asesores de despacho. El titular de la Fiscalía, Paúl Pérez Reina, anunció que las indagaciones se han abierto en contra de tres asambleístas. El funcionario no especificó los nombres, y afirmó que en su poder están las tres denuncias.

“En los próximos días emitiremos las órdenes de trabajo para llamar a testigos y evaluar documentos de estas denuncias”, dijo, sin responder ninguna pregunta.

Previo a la declaración de Pérez Reina, hasta la Fiscalía llegó el abogado Gonzalo Realpe, quien a nombre de Washington Añasco presentó una denuncia en contra del asambleísta de SUMA, Juan Sebastián Palacios. Acusó al legislador de tráfico de influencias y de adeudar 30 mil dólares a su defendido.

“El fiscal ya tiene en su despacho una denuncia de un gravísimo acto de corrupción en donde no está solamente involucrado el asambleísta Palacios, sino altos funcionarios del Municipio de Quito”, afirmó.

Realpe dijo que tienen al menos 25 grabaciones, documentos y testigos que sustentan la denuncia presentada.

Minutos más tarde llegó hasta el lugar la exasesora legislativa Andrea Utreras, junto con su abogado Roberto Calderón para denunciar el cobro indebido que habría estado haciendo la asambleísta por Manabí, Karina Arteaga (PAIS), en favor del movimiento. La asambleísta prefirió no pronunciarse sobre el asunto al ser requerida estos días sobre la denuncia.

A estos dos casos se suma la denuncia que presentó días atrás la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en contra del asambleísta de Pachakutik Tito Puanchir, por el presunto cobro de 10.500 dólares a Marta Campoverde para contratarla como asesora.

Mientras tanto, desde la Asamblea los legisladores se defendieron. Palacios negó todo vínculo con Washington Añasco, y afirmó que “nunca recibió dinero alguno” de parte del denunciante.

De su parte, Tito Puanchir, en rueda de prensa, afirmó que el dinero recibido fue en condición de préstamo, y que existe el compromiso de devolverlo.

Entre tanto, desde el despacho del asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, quien inició con el tema, ya se deja entrever que hay gente que le presentó sus denuncias que empezaron a retractarse. “Ya empiezan a retractarse en las denuncias los perjudicados. Van llegando a acuerdos. Al menos espero que les devuelvan lo que les quitaron de las remuneraciones”, escribió en Twitter Pablo Santillán, asesor de Villamar.

Brenda Flor niega las acusaciones

La asambleísta por Galápagos, Brenda Flor, niega en una carta enviada a este Diario que esté involucrada en ninguna denuncia, ni en la Fiscalía ni en la Cámara Legislativa, por el pago de diezmos en la Asamblea, como dijo en EXPRESO Andrea Utreras, una de las denunciantes del caso en la Asamblea. Brenda Flor atribuye la denuncia a un perfil falso de Twitter. (Diario Expreso)

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