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Son doce las parroquias rurales del cantón San Lorenzo, en la frontera con Colombia, que por los diez atentados y los secuestros han desmejorado su situación económica y esperan la ofrecida ayuda de los gobiernos local y central.

Aunque hace dos meses que no hay ataques y la seguridad militar y policial ha aumentado, el miedo persiste en los habitantes del cantón San Lorenzo, más que nada en las doce parroquias rurales donde la situación económica de las familias sigue complicándose por la falta de trabajo y la baja en la venta de la producción agrícola.

“Más que la inseguridad, lo que nos afecta es la economía. Tenemos que hacer malabares para buscar la comida diaria. Se vende poco los productos que cultivamos. El verde y la yuca se pudren en las fincas porque no hay quien compre y el 50 % de la gente que trabaja en las palmicultoras ha perdido el trabajo porque muchos dejaron de ir a cumplir con sus actividades por miedo”, cuenta Antonio Mina Caicedo, presidente de la Junta Parroquial de San Javier de Cachalí.

Esa población está a 31 kilómetros de la línea de frontera, a la que pocos se aventuran acercarse después del secuestro y asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio, y el secuestro de una joven pareja de ecuatorianos, de los que no se tiene noticia.

Palmerí Vivero, presidente de la junta parroquial Urbina, cuenta que hasta los inversionistas se han ido y con ellos el trabajo. Se refiere a personas que se dedicaban a la compra y venta de vehículos, madereros y quienes compraban la producción de cacao y otros productos agrícolas.

Tanto Mina como Vivero cuentan que los pobladores hacen todos los días malabares para “parar la olla” y evitar que sus familias pasen hambre. Eso, asegura, les preocupa ahora más que la violencia de la que se habla a nivel nacional, pero que allí en sus terruños, no ha pasado nada ni han visto nada extraño en los últimos meses.

Lo que sí sienten ahora es más seguridad por la constante presencia de militares y policías, cuenta Ronald Merlín, de la parroquia 5 de Junio, ubicada en el kilómetro 50 de la vía a Ibarra, en la que habitan 416 familias, en medio de una inmensa zona boscosa en la que, muchos dicen, se esconden los narcotraficantes.

Además de la falta de trabajo en las palmicultoras, que evitan contratar a los vecinos y prefieren a los foráneos, Merlín asegura que hay personas interesadas en quitarles sus parcelas para extender las plantaciones de palma africana y establecer otros negocios. La realidad es similar en la parroquia Carondelet, que preside Patricio Castillo; en Muisne, Calderón, Ricaurte, Tambillo, Tonchigue, Palma Real, Santa Rita y Concepción. En Mataje, la realidad es distinta.

Mataje, sitio al que pocos van

Mataje, una de las doce parroquias rurales de San Lorenzo, se ha convertido en el sitio al que nadie quiere ir, ni siquiera para pedir trabajo. En el lugar, sus habitantes también se quejan de la falta de empleo porque nadie quiere contratarlos por el temor de que tengan algún tipo de relación con alias ‘Guacho’ u otros disidentes de las FARC. (Diario Expreso)

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