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Distintos sectores cuestionan la gestión por los resultados y los tiempos.

A través de su cuenta de Twitter, la Corte Constitucional (@CorteConstEcu) confirmó que recibió la notificación del Consejo transitorio de Participación Ciudadana sobre el inicio de la evaluación a los nueve jueces constitucionales. “La Corte Constitucional (CC) se pronunciará con altura y objetividad dentro del marco que impone la Constitución”, consta en el mensaje institucional, sin que en el transcurso de ayer se haya ampliado el pronunciamiento.

De acuerdo con el mandato aprobado, se trata de una evaluación a la gestión realizada por cada magistrado y a la labor institucional, que deben presentar hasta el próximo viernes.

Desde distintos sectores, hay razones suficientes para que el Consejo transitorio haya iniciado este proceso. Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral, considera que una de las principales objeciones está dada en que prácticamente se convirtió en otra Corte “correísta” y que sus fallos u omisiones respondieron a esa voluntad.

Mientras, en el sector obrero se cuestiona el retraso con el que se han tratado demandas de inconstitucionalidad presentadas por sindicatos, como a la Ley de Justicia Laboral. “La CC no jugó el papel que debía en la defensa de los derechos constitucionales de los trabajadores, del movimiento indígena, de los sectores sociales. Tanto es así que las demandas presentadas por las centrales sindicales frente a violaciones como el derecho al trabajo, al de organización sindical, contratación colectiva, no fueron tratadas de manera inmediata”, argumentó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.

40%
de aporte estatal al IESS fue retirado con la venia de la CC.
 Aunque en marzo de este año, el Pleno de la Corte ordenó que el Estado vuelva a financiar el 40% del fondo de pensiones jubilares, Erazo considera que no haber actuado a tiempo provocó que el IESS se viera afectado económicamente en cerca de 4.000 millones de dólares desde 2015, año en que, por Ley, Alianza PAIS suprimió ese aporte estatal, a pesar de que se interpuso la demanda de inconstitucionalidad.

Desde el legislativo
Roberto Gómez, asambleísta de CREO, considera que la gestión de la Corte Constitucional ha sido ambivalente. Señala como un aspecto positivo que haya eliminado el techo a las utilidades de los trabajadores “aunque se hayan demorado tres años”, y la restitución del 40% de aporte estatal a las pensiones. “Pero son cosas que hay que sopesarlas frente a otras que han fallado mal. Por ejemplo, cuando dijimos que la consulta popular de 2011 era inconstitucional e hicimos los trámites legales”, sin obtener resultados, dijo.

7
años han pasado desde la consulta popular correísta que también fue avalada por esta entidad. 
Esta ambivalencia es la que justifica la evaluación de la Corte, ya que no ha cumplido el rol de garante de la aplicación de la normativa constitucional, considera el asambleísta Eliseo Azuero (independiente). “Han tenido fallos según la conveniencia de los gobiernos de turno. Cuando estuvo (Rafael) Correa emitían fallos que hoy enmiendan con nuevos fallos en el mismo tema. Han represado durante tres o cuatro años la resolución de temas que tienen que ver con la violación de derechos y que hoy pretendan demostrar que están cambiando significaría que los ecuatorianos no nos damos cuenta de la jugada”, dijo Azuero. (Diario La Hora)

Suspenden audiencia  
° A través de un comunicado, el Consejo de transición cuestionó que el juez de Balsas Eleuterio Aguilar haya suspendido la audiencia sobre las medidas cautelares que otorgó sobre los concursos organizados por el Consejo de la Judicatura.

El secretario de la entidad, Darwin Seraquive, acudió a la audiencia. “Sin embargo, el juez suspendió la diligencia alegando que requiere que el Consejo de la Judicatura entregue una certificación de si la demandante Doris Castillo es postulante o no en el concurso de méritos y oposición. (…) Ya que el Juez no tenía certeza. Cabe la pregunta de por qué entonces concedió la medida cautelar”, consta en el comunicado.

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