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Los criterios son divididos, pero un eventual cambio debería implicar una reforma constitucional.

El lamentable y brutal rapto y asesinato perpetrado en contra de la niña Emilia, en Loja, ha puesto otra vez en la mesa de debate la posibilidad de implementar la cadena perpetua en Ecuador para los crímenes atroces contra los menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.
No obstante, desde el punto de vista de un profesional del derecho y una mujer de un colectivo social, este endurecimiento de la pena no resuelve el problema y de ello hay muchos ejemplos en el país, como es el caso de la tipificación de la figura del femicidio, que poco o nada ha resuelto el problema, según su análisis.

Implica reforma a la Constitución
El penalista Marcelo Dueñas dijo que el endurecimiento de pena no resuelve nada y eso se ha probado a escala mundial, porque no mejora el comportamiento social ni disminuye en absoluto la tendencia delictiva de una persona.

Además, en Ecuador la Constitución no prevé la cadena perpetua y eso implicaría en pensar primero en una reforma constitucional para buscar establecer esta pena.

Para este profesional, la violencia es un tema de educación y, fundamentalmente, en los últimos años se ha visto una descomposición total de la sociedad y pérdida de valores.

Descomposición social 
De su parte, Margarita Carranco, del colectivo feminista ‘Nosotras por la Democracia’, coincide en la apreciación de Dueñas, de que la cadena perpetua no va a solucionar el tema de la violencia y crímenes atroces en el país, como los femicidios. Para esta activista, el problema está en la ausencia de valores y no en endurecer las penas.

Sobre violencia sexual a la niñez, el penalista Pedro Granja sostiene, de su lado, “las penas deben ser mayores a 80 años y los cómplices deben ser condenados al menos a 25 años de cárcel”.

El objetivo -dice- es tejer un circuito de custodia cognitiva para estos criminales, “porque su accionar es foco de peligro para otras potenciales víctimas”. 

La propuesta
° Nelson Rodríguez, abogado de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador (Asfadec), fue el encargado de esbozar lo que sería este proyecto de reformas penales para establecer la figura de la cadena perpetua en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para los crímenes atroces.

“Si implementamos cadena perpetua como política de Estado o política criminal, podríamos tener cinco delincuentes presos y 200 personas no asesinadas en el país”, dice el profesional, al tiempo de anotar que también buscan tipificar en el COIP la desaparición involuntaria por particulares, que es una figura muy distinta a la desaparición forzada por parte de instituciones del Estado. (Diario La Hora)

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