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Podría no ser un presupuesto más. La expectativa es que no lo sea y que la Proforma para el 2019, que el Gobierno deberá entregar hasta este miércoles a la Asamblea, termine por marcar un giro que permita al país corregir desfases financieros que hoy le generan un alto déficit. Será un año en el que se deberá asumir nuevos gastos, aún en etapa de menores ingresos y de austeridad.

Así como todo hogar responsable planifica su presupuesto mensual, el Gobierno dice estar trabajando una proforma que le permita cubrir las necesidades del 2019, un año que a diferencia del 2018 trae consigo la responsabilidad de volver a asumir el pago del 40 % de las pensiones jubilares que, en números del Seguro Social, para este año será de $ 1.730 millones. Pero no es lo único. A este año, refiere Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y miembro del Foro Económico, también hay que sumarle otros egresos adicionales como los intereses que se generan por el pago de la deuda. “Para el próximo año habrá que considerar que la deuda aumentaría otros 6.000 millones, por lo que esperaríamos que en el rubro de intereses se presupueste por lo menos en unos $ 3.400 millones en la proforma”. Unos $ 900 millones más.

El Gobierno había planificado cerrar este año con un presupuesto inicial de $ 34.853 millones, que arroja un déficit (necesidad de financiamiento) que hasta el momento se ha calculado en $ 4.090 millones. Una cifra que para Ortiz sería superior y que podría alimentar aún más el déficit del próximo año que, él estima, llegaría hasta los $ 5.500 millones.

El 2019, recuerda, será distinto también por el lado de los ingresos. Para ese año, se espera que la remisión tributaria, ya no tenga la misma magnitud de este año con ingresos que, según ha pronosticado el régimen, llegarían hasta los $ 700 millones.

Por ello, la insistencia de algunos expertos de fortalecer la política de ajuste del gasto corriente, una vía que el propio ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha reconocido que el próximo año será necesaria. La semana pasada en una intervención pública, el secretario de Estado no se animó a dar una cifra sobre a cuánto ascendería el presupuesto 2019, pero sí a dar unas pinceladas sobre cómo se podría poner un corcho a los gastos. Habló de la necesidad de bajar entre un 15 y un 20 % el gasto por la compra de bienes y servicios. Y sobre el tema salarial, admitió, “hay un esfuerzo grande que se tiene que hacer a futuro”. Una iniciativa en análisis es ir homologando los salarios de los funcionarios de empresas públicas.

Ortiz y Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, esperan que esos ofrecimientos no se queden en discurso. Recuerdan que ya ese fue el ofrecimiento del año pasado, pero el gasto corriente ha seguido incrementando. “El Gobierno hasta el momento lo que ha estado reduciendo es la inversión, y lo que tiene que reducir es el gasto corriente; y dentro del corriente la masa salarial pública que no es sostenible”, apunta Carrera. Si no lo hace, agrega, las cuentas públicas seguirán deteriorándose y la meta de bajar el déficit hasta el 2021 será difícil. “Y así, los problemas seguirán quedando para los próximos gobiernos y con ello la dificultad para que el país pueda arreglar su economía”. (Diario Expreso)

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