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Los reporteros aplauden la iniciativa de eliminar la Supercom y esperan que el Estado garantice la libre prensa. 

El anuncio presidencial sobre el envío de las reformas a la Ley de Comunicación es recibido con satisfacción entre quienes ejercen el periodismo. De hecho, fue una de las exigencias que desde la misma aprobación de la Ley hubo por quienes ejercen ese oficio, al considerarla “sancionatoria”, fundamentalmente por la existencia de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom).

La corresponsal de CNN en Español, Ana María Cañizares, valora la “intención del presidente, (Lenín) Moreno, de mejorar el clima de trabajo de la prensa”, y reconoce que el primer mandatario “está consciente de que la Supercom ha significado un obstáculo autoritario de control a un derecho fundamental, como la libertad de expresión”.

“Sin embargo, considero que Moreno no está haciendo ninguna concesión a la prensa, sino reconociendo que el periodismo ha sido vulnerado por una institución creada por un Gobierno del cual él mismo fue parte”, dice Cañizares,  por lo que considera que “los periodistas, dentro de este debate, debemos seguir exigiendo más transparencia y acceso a la información pública”.

Por su parte, María Sol Borja, editora en el portal GK, califica de “interesante” el anuncio, pero tomando en cuenta que ‘el diablo está en los detalles’, cree que “habrá que ver cómo llega la propuesta y qué más contiene”. Ella también celebra la eliminación de la Supercom, que “claramente ha sido utilizada como un mecanismo discrecional al momento de sancionar”.

“Me parece necesario que desde el ejercicio periodístico se puedan plantear las dudas”, dice. En opinión de Borja, el principal insumo para el proceso de reforma, que ahora está en manos de la Asamblea, es la experiencia de lo “que hemos vivido”. La periodista piensa que una Ley de Comunicación solo se justifica en la medida en que su razón de existir sea “ayudar a transparentar la información de tal manera que el periodismo que se ejerza sea el de mayor calidad posible”.

El debate en la Asamblea
El tema volvió a escena en el Legislativo. En las bancadas, principalmente de oposición, todos aplaudieron la decisión presidencial, pero no ocultaron sus posturas divididas entre quienes respaldan que se hagan cambios y quienes plantean que sea derogada.

5
años de vigencia tiene la Ley.
“Deroguemos la Ley y si alguien cree necesario establezcamos una nueva. ¿Por qué hacerle parches enormes a una Ley inconstitucional?”, increpó Patricio Donoso, de CREO.

Un criterio similar tuvo el socialcristiano Henry Cucalón, quien en marzo pasado ya oficializó un proyecto legislativo en ese sentido. “Cuidado la reforma es un maquillaje”, advirtió.

Pero Mae Montaño, legisladora independiente, consideró que lo que hace falta es una “reforma integral que deje las cosas que son positivas pero que le ponga un nuevo rumbo”.

Ximena Peña, coordinadora de Alianza PAIS, dejó entrever que la propuesta del Ejecutivo no fue consensuada previamente. Tanto Peña como el socialcristiano Luis Fernando Torres, quien forma parte del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), consideraron que se debería conformar una comisión ocasional para el tema.

La correísta Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, entretanto, sostuvo que es “necesaria la Superintendencia”, aunque señaló que se debe regularla “de mejor manera” para evitar excesos. (Diario La Hora)

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