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Los señalamientos se sustentan en cifras. La investigación de la Contraloría General, que fue notificada esta semana al expresidente Rafael Correa, intenta descubrir la ubicación de 11.326 millones de dólares que desaparecieron del informe de endeudamiento público, desde 2016.

Para el contralor subrogante, Pablo Celi, es “relevante” el uso que el Gobierno anterior dio al Decreto Ejecutivo 1218. El texto, firmado por Correa el 20 de octubre de 2016, afectó al cálculo de la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto (PIB). Dicha relación permitió que el expresidente contrate más financiamiento sin rebasar los límites legales.

En un documento al que tuvo acceso EXPRESO, el contralor destaca las principales anomalías que surgieron tras dicho decreto. Esa información es parte de los insumos que recibe la veeduría ciudadana que vigilará el examen especial a la deuda pública.

En diciembre de 2016, cuenta el texto, el total de la deuda estatal ascendía a 50.556 millones de dólares. Es decir, 52,54 % del PIB de la época. El valor significa una violación al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que fija el techo de la deuda en 40 % del PIB.

¿Qué hizo el gobierno de la autodenominada revolución ciudadana? Emitió el decreto en cuestión para valorar en el cálculo solo los rubros consolidados -dejando por fuera las deudas del Gobierno con otras entidades públicas-. El cambio hizo que la relación pase del 52,54 % al 27,4 %. Es decir, una firma legalizó el endeudamiento y hasta amplió el margen para más contratación de préstamos.

Con el cambio, los boletines de deuda, que mensualmente publica la Subsecretaría de Financiamiento Público, dejaron de mostrar la deuda pública interna agregada que sumaba, en 2016, 12.457 millones de dólares. En su lugar apareció la deuda pública interna consolidada con un rubro de 1.131 millones de dólares. Se eliminaron 11.326 millones de dólares.

Correa utilizó su cuenta de Twitter para justificar su decisión. Dijo que el cambio responde a la adopción de normas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese organismo multilateral, durante la década pasada, fue cuestionado por el Gobierno.

La disminución de miles de millones llamó la atención de la Contraloría. Sus auditores preguntaron a las autoridades del Ministerio de Finanzas por la legalidad del decreto y sus sustentos técnicos y económicos. Según cuentan, no hubo una respuesta.

En la última semana de abril, la Contraloría presentará su informe sobre la deuda, las recomendaciones e incluso las responsabilidades. Correa debe justificar por qué aplicó el decreto. El Gobierno actual, en cambio, debería dejar de utilizarlo. Aún está en vigencia.

Mera considera que el examen es ‘político’

Es la contestación formal. El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, continúa al servicio del expresidente Rafael Correa. Ayer, como su procurador y patrocinador, Mera acudió a la Contraloría General del Estado para cuestionar el examen anunciado por Pablo Celi. De paso, calificó de “política” a la veeduría conformada para revisar los resultados del estudio a la deuda pública.

“Está políticamente motivado [el examen] coincide con la campaña electoral y se pretende cuestionar el manejo de la deuda y, lo que es peor, afectar el procedimiento de contratación de deuda de este Gobierno”.

Según Mera, los cuestionamientos de la Contraloría reducirán las oportunidades de crédito de la administración de Lenín Moreno. Declarar ilegal lo actuado por Correa es declarar ilegal lo que hace actualmente Moreno.

El exfuncionario presentó, además, toda la documentación jurídica que legaliza la contratación de deuda.

También contradijo al expresidente Correa porque dijo que no hay un proceso en Fiscalía en su contra.

La investigación fiscal por crudo toca a Correa

El expresidente de la República, Rafael Correa, es parte de la investigación fiscal por las presuntas irregularidades que habría en el contrato de preventa de petróleo a Petrochina. Él mismo lo confirmó. En Twitter, contó que recibió una “boleta de Fiscalía”.

La institución explicó que, en días anteriores, Alexis Mera, como procurador judicial del exmandatario, presentó en la indagación previa abierta por los casos Petrochina y Petrotailandia, “escritos judiciales señalando casilleros e ingresando documentación”.

Así, la boleta que recibió Correa, es la disposición de la Fiscalía de anexar al expediente la documentación entregada por Mera, aparte de otra serie de diligencias. El impulso fiscal fue notificado al casillero judicial planteado por Mera, detalló la institución.

La preventa de crudo fue una operación financiera ejecutada en el Gobierno anterior para financiar el presupuesto estatal. En total, el país negoció cerca de 14.000 millones comprometiendo unos 1.000 millones de barriles de crudo. Esa deuda, sin embargo, solo se registró en las cuentas de Petroecuador.

El lunes, la Contraloría también notificó al expresidente, en su calidad de presidente del Comité de Deuda de Financiamiento, con los primeros resultados provisionales del examen de auditoría que está realizando al contrato y uso de la deuda pública. Por eso, Correa insiste en que hay una “persecución” en su contra y, ayer, aseguró que “¡empieza la cacería!”.

Las irregularidades, sin embargo, no han sido detectadas solo en los últimos meses. El martes, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno confirmó que la investigación por la preventa de crudo se inició de oficio durante la gestión de su antecesor, Galo Chiriboga, antes de mayo de 2017. Es decir, cuando Correa aún era presidente de la República. El funcionario aseguró que esa investigación era uno de sus 56 casos emblemáticos en marcha.

Lo mismo sucede en el caso de la Contraloría. Hasta ahora, la entidad de control ha emitido dos informes sobre esas transacciones. El primero, fue aprobado el 1 de diciembre de 2016 (Correa era presidente y Carlos Pólit estaba al frente de la Contraloría). El segundo, tiene fecha del 26 de septiembre de 2016. En los dos documentos se advierte los problemas que tuvo el negocio con China, desde las pérdidas económicas hasta la informalidad de las negociaciones que hicieron, en su mayoría, sin que quede un registro por escrito, como contó EXPRESO, en varias publicaciones en diciembre.

La preventa es, además, solo uno de los temas que investiga la Contraloría. La entidad también cuestiona el decreto ejecutivo que firmó Correa y que cambia el sistema de registro de la deuda pública. Para justificarse, ayer el exmandatario aseguró que solo hizo lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un organismo al que criticó durante toda su gestión.

El foro económico espera que se ‘honre la deuda pública’

Puede ser irregular, pero debe cumplirse. Ese es el criterio de los integrantes del nuevo Foro de Economía y Finanzas Públicas sobre la deuda contraída durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Los expertos, entre los que se cuentan exministros y académicos, creen que sería perjudicial pensar en otra alternativa.

Sería un error, por ejemplo, seguir el camino que aplicó Correa entre 2008 y 2009. Él formó una comisión que declaró ilegítima a la deuda.

Entre los efectos de la cuestionada decisión se cuentan el cierre de mercados, la desconfianza de los acreedores y la mala imagen internacional. Eso preparó el escenario para que Ecuador incremente los préstamos, con condiciones negativas, desde China.

Mauricio Pozo, exministro de Economía e integrante del Foro, cree que declarar ilegal la deuda pública, como hizo la autodenominada revolución ciudadana, liquidaría las intenciones de mejorar la economía nacional. No habría prestamistas interesados en poner sus recursos en el país.

Por eso, dijo a EXPRESO, la “deuda debe honrarse”, aunque las condiciones de su obtención no hayan sido las mejores.

Para él, los pendientes deben estudiarse desde dos ópticas. La primera, una legal que juzgará las condiciones y afectaciones que tuvo el Ecuador. Eso está en manos de la Contraloría que anunció, esta semana, un examen a las operaciones de Correa y su equipo económico.

El otro eje de análisis, dijo Pozo, es el técnico. Los contratos fueron firmados y el país está en la obligación de pagar.

El analista y exasambleísta constituyente, Pablo Lucio Paredes, está de acuerdo. Él cree que las conclusiones de la Contraloría servirán, desde el plano técnico, para categorizar la deuda. Es decir, definir el orden y prioridad de pago. Es urgente, explicó, pagar las cuentas que generan más interés y dejar para después -sin caer en el descuido- las facturas menos perjudiciales.

Otro punto a favor del examen, según la presidenta de la consultora Finanzas y Cooperativas, Rosa Matilde Guerrero. Ella cree que el examen anunciado por Contraloría será positivo para la imagen del país si compromete acciones del Gobierno central para garantizar transparencia y una política pública que asegure el pago. El inconveniente es que, a la fecha, los 20 integrantes del foro no encuentran dicha política económica en la administración de Lenín Moreno.

Bernardo Acosta, exvicepresidente de la Cámara de Industrias y Productividad, considera que el primer paso, luego de los resultados que arroje el examen de Contraloría, es renegociar la deuda cara. Para eso, sugiere, se debe establecer un acercamiento formal con organismos multilaterales que ofrezcan préstamos en mejores condiciones. Recomprar la deuda es una alternativa viable, a su criterio.

El siguiente paso, coincide con sus colegas de la iniciativa ciudadana, es implementar un plan que evite que el endeudamiento estatal crezca cada año, como sucede hasta ahora. El foro se reunirá, la próxima semana, con el presidente Moreno para sugerir estrategias para alcanzar dicho plan.

Las propuestas

Tributos

Para el foro, la salida que tomó el anterior Gobierno no fue la adecuada. Las reformas tributarias para incrementar impuestos indirectos perjudicaron a los ecuatorianos. La idea, dicen, no es recurrir a impuestos y deuda pública.

Banca Pública

El Banco Central y el resto de entidades financieras públicas deben, a criterio de los expertos, mantener su autonomía para no comprometer sus finanzas e incluso la dolarización. El manejo independiente es una salida urgente.

Competitividad

La clave del desarrollo está en el impulso al sector productivo privado. Rosa Matilde Guerrero sugiere que se potencialice a la economía popular y solidaria que solo tuvo protagonismo en el discurso del Gobierno anterior. (Diario Expreso)

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