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El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó que los 300 millones de dólares que se tomó de la cuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas,afectadas por el terremoto del 2016, y que ya han sido restituidos a esa cuenta, fueron utilizados en pagos a proveedores y a los GADs.

El Ministro ofreció ayer explicaciones al Presidente de la Asamblea. No convencieron. 

La disposición general primera de la Ley de Solidaridad, aprobada para ayudar a las zonas de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto de abril de 2016, establece que: “por el objetivo específico de esta Ley, los recursos que se recauden no se considerarán para la distribución de ingresos no permanentes a los gobiernos” locales.

Sin embargo, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explicó que los 300 millones de dólares que se tomaron de la cuenta destinada para la reconstrucción, que ya fueron reintegrados, se utilizaron para cubrir ciertos pagos de fin de año, principalmente de cuentas que quedaron pendientes con proveedores y gobiernos locales.

No detalló la distribución de esos recursos, pero aseguró que los transfirió de unas cuentas a otras, sin que afecte el saldo que se utiliza para cubrir la reconstrucción. “Esta operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de liquidez de la Cuenta Única del Tesoro. (…) Implica que las cuentas y subcuentas de la liquidez de las finanzas públicas de un país, las cuentas bancarias, se tienen que manejar de forma integrada. Se pueden trasferir los recursos de una a otra en función de los requerimientos de corto plazo que puedan necesitarse en un momento determinado”, aseguró el funcionario.

Visita
De la Torre entregó esta información al presidente de la Asamblea, José Serrano (PAIS), y a Carlos Bergmann, segundo vicepresidente, quien le pidió una explicación.

6.800 
familias en Esmeraldas aún no han sido atendidas, según Rina Campain.
El Ministro justificó ese movimiento financiero debido a que en diciembre de 2017 los recursos por la venta petrolera, las exportaciones, los desembolsos de crédito, entre otros, no llegaron, como había previsto el Gobierno, lo que obligó a tomar de manera temporal recursos que estaban disponibles en la cuenta de la reconstrucción y que, una vez regularizado el flujo de ingresos, se devolvió el dinero. 

Rechazo de los asambleístas
° Asambleístas de Esmeraldas y Manabí cuestionan las explicaciones del Ministro. Aseguran que a casi dos años del terremoto hay necesidades que no han sido cubiertas en estas zonas y recuerdan que el dinero de la Ley de Solidaridad debe invertirse única y exclusivamente en la reconstrucción.

“Es algo grave lo que sostiene el Ministro, porque más de 6.800 familias en Esmeraldas todavía no han sido atendidas, todavía viven en carpas, no hay reactivación económica, no hay empleo”, respondió Rina Campain (CREO), se presentante de esa provincia. Agregó que esos recursos, a los que el Ministro calificó de “ociosos”, debió utilizarlos para la reactivación de las dos provincias.

300 
millones tomó el Ministerio del Fondo. 
Roberta Zambrano (PSC), también de Esmeraldas, añadió que el Ministerio no tenía ningún derecho de usar esos recursos por fuera de las dos provincias afectadas. “No es plata del Gobierno, es dinero de los ecuatorianos”.

Por su parte, Karina Arteaga (PAIS), representante de Manabí, dijo que en su provincia aún está pendiente la construcción de los hospitales de Chone, Bahía de Caráquez y Pedernales; viviendas que están en proceso de reconstrucción, vías. “Esa plata debe ser cuidada celosamente”, concluyó.

Para Arteaga y Campain el movimiento financiero podría caer en indicios de malversación de fondos o peculado. Precisamente por este último delito el excandidato Andrés Páez puso una demanda penal contra el Ministro. (Diario La Hora)

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