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Nadie es indiferente a la violencia y al temor, pero la vida sigue su marcha en la frontera.

Como buen celador lo sigue de cerca. La distancia es prudente, suficiente para abrir fuego de ser necesario. Dos hombres armados con sus fusiles sobre el carro militar tienen la misión de garantizar que el tanquero con los 3.000 litros regrese sin novedades a la base, tras regalar agua en los barrios de San Lorenzo.

Esa imagen profundamente militar parece indiferente para los hombres y las mujeres de piel negra sentados en bancas, circulando en motocicletas o caminando en un pueblo donde pareciera que no pasara nada, que no hubiera violencia, que no hubiera grupos armados. Y la escena es así, como si no pasara nada.

Su gente se muestra amable, sonríe, se enoja, desconfía y espera a los clientes detrás de las rejas metálicas de sus locales. Algunos llegan, preguntan por la mercadería y se van. Otros compran. Los comerciantes coinciden en que las ventas en los últimos tres meses bajaron en más del 60%.

Dicen también que todo empezó a finales de enero cuando un carro con explosivos detonó junto al cuartel policial.

Los policías duermen en un conteiner hasta que termine en el edificio la reparación de los daños generados por la explosión de esa madrugada de sábado, cuando la mayoría de los vecinos cercanos al cuartel no durmieron en casa.

Tras el atentado, colocaron barricadas cerca del cuartel. Llenaron sacos con arena, los amontonaron cerca de la garita y pusieron vallas metálicas para que los carros circulen más lejos.

56
comuneros viven actualmente en un albergue. 
Mientras ellos se blindan, en el muelle están los lancheros. Unos cargan tanques llenos de combustibles y los suben a su fibras, otros, con el ceño fruncido, están pendientes del trabajo de los cargadores. Más allá, una mujer grita que todavía hay pasajes para llegar a Palmarreal, la población más cercana Colombia.

Pero la actitud de la mujer cambia cuando se trata de la prensa. Cuando le preguntan cómo está la afluencia hacia Colombia desde que empezaron los atentados, reacciona con nerviosismo. Mira su entorno y pide que se alejen de ella.

Más contrastes
En San Lorenzo está Mataje, a 16,6 km de la urbe. Allá está la casa de Gustavo, de 55 años, un refugiado ecuatoriano dentro de su propio país. Sus días de jornalero acabaron abruptamente. Se fue de casa una tarde cuando llegaron los uniformados y se llevaron a 11, las autoridades dicen que están relacionados con grupos irregulares, especialmente con alias ‘Guacho’.

Gustavo de eso prefiere no hablar y más bien asegura que no regresa porque no desea que lo confundan como ayudante de los ilegales, pero tampoco de los militares.

12
millones de dólares costaría una extensión universitaria que pide la población. 
Gustavo está entre los 56 comuneros que dejaron su tierra para ir al albergue dejando de lado a sus animales, su estilo de vida y las cristalinas aguas del río que en verano lo cruzan caminando, y que es la línea imagina de la frontera que los separa de Colombia.

El Movimiento de Mujeres Negras del Norte de Esmeraldas (Momune) empezó a colocar en las casas banderas blancas con la palabra paz. Uno los lugares con más banderolas es la calle Andarele, el lugar donde a diario circula en tanquero con su celadores cuando regresan a la base militar luego de la jornada solidaria y de abastecimiento a quienes están en las destacamentos de la línea de frontera. 

Los pedidos en la zona
°  Los pobladores tiene algunos pedidos a las autoridades. En educación, una extensión universitaria que se estima costaría unos 12 millones para educar no solo a ecuatorianos, sino los colombianos. En San Lorenzo saben que deben compartir todo con los extranjeros. En 2017, por ejemplo, entre las 38.232 emergencias de salud, 11.515 las generaron los colombianos.

Hasta allá llegó esta semana el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sin chalecos antibalas, pero custodiado por gente armada. Para Jarrín la gente de San Lorenzo está positiva pero, “obviamente tiene necesidades”.

Por esa razón, su plan de seguridad no se concentrará exclusivamente en lo militar, sino en que los entes correspondiente ayuden a mejor la calidad de vida de la población que demanda más seguridad, educación, salud y paz. (Diario La Hora)

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