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Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo, expone su punto de vista sobre la pregunta relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana.

¿Cuántas veces Sí votará Ud. en la consulta?
En algunas Sí, en algunas No. Sobre la pregunta en torno a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a niños y niñas, en principio uno dice Sí. Pero luego hace relación con los otros delitos, como asesinato. ¿No gozaría de la misma figura de imprescriptibilidad? A lo mejor son temas que valen analizarse en la Asamblea Nacional y no en consulta.

Muchas críticas apuntan a que varias preguntas de la consulta o debían ser tratadas por la Asamblea o resueltas por el Ejecutivo. ¿Usted suscribe esta reflexión?
Sí. El tema del Yasuní, por ejemplo, podía ser resuelto con un Decreto Ejecutivo.

A la Defensoría del Pueblo preocupa la pregunta 3. ¿Se mantiene el criterio por el cual denuncian un cariz gubernamental del Consejo de Participación transitorio?
Esa es una de las preocupaciones. Yo hubiese preferido que participen otras funciones del Estado o incluso de la sociedad. Hubiese preferido, en todo caso, que el mismo Consejo Nacional Electoral designe a los nuevos miembros. Pero no fue así y el origen va a ser gubernamental, porque de la voluntad del Presidente nacen todos los miembros.

Pero buena parte de la ciudadanía ha visto al Consejo de Participación Ciudadana, desde su origen, como otro brazo gubernamental. ¿Qué matiz ve Ud.?
Por eso había que hacerlo de manera diferente, porque un error no se soluciona con otro.

¿Ud. reconoce que el Consejo creado en la década de Correa burocratizó la participación ciudadana?
Efectivamente. Yo estoy dando la razón en cuanto a que los motivos políticos que han llevado al Presidente a impulsar esta consulta tienen que ver con cuestionamientos que se hacen al actual Consejo de Participación. Por la misma razón era necesario que la conformación de un nuevo consejo tenga otro modelo mucho más amplio que nos saque a los ciudadanos de la duda de que lo que estamos haciendo es un cambio de personas o un borra y va de nuevo.

La sociedad civil hubiese valorado su reflexión, pero antes…
Me hubiese encantado que me la pregunten… Ninguna autoridad nos consultó qué pensábamos sobre las preguntas.

¿Debe mantenerse la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana?
Esa es una valoración política. Cambiar la institucionalidad del Consejo siempre será una alternativa, pero eso implica una reforma constitucional. Este Gobierno valoró crear un Consejo transitorio hasta designar a uno definitivo. Y aquí nace la duda…

¿Cuán transitorio va a ser?
Exactamente. Además, este régimen transitorio va a nombrar autoridades definitivas y en tres años vamos a tener la siguiente conversación: ya se nombró a magistrados de la Corte Constitucional que van a durar nueve años en sus funciones. ¿Quién los nombró: un régimen transitorio. Esto para mí se excede, no es lo deseable. Yo preferiría que las autoridades sean nombradas por un Consejo de Participación definitivo.

¿Cuál debe ser el perfil de la Defensoría del Pueblo, para que actúe a favor de la ciudadanía y esté blindada de tentaciones políticas?
El fomento de la participación ciudadana es un modelo que no debemos dejar de lado. Esto debe ir de la mano de los méritos de las personas y si hay participación política, mejor. Ahora, si vamos por un proceso electoral me parece que los méritos de las personas van a quedar de lado.

Pero eso ya pasó en los años precedentes: se escogía ‘a los amigos de mis amigos’…
Entonces había que cambiar, porque nuevamente un error no se compone con otro.

Es como querer salir del extractivismo con más extractivismo…
Exactamente. Entonces si cuestionamos el modelo anterior, deberíamos cuestionar el que viene. Y nosotros lo estamos haciendo con absoluta honestidad, porque estamos pensando en la institucionalidad del país para los próximos años.

Se escucha una reflexión diáfana de su parte. Sus detractores dirían que es la honestidad de quien sabe que, institucionalmente hablando, pronto ‘se va a morir’…
Me han preguntado si es que estoy defendiendo el puesto y he dicho que si lo hiciera estuviera callado. Pero sí defiendo el reconocimiento de la Defensoría en el ámbito internacional. Y más que mi continuidad o mi ‘muerte súbita’, me preocupa que la Defensoría pierda autonomía.

¿Qué dice Ud. a quienes en los últimos años vieron a un Defensor del Pueblo más bien en silencio cuando hubo muchos momentos de tensión social, como en 2015?
Lo que solemos vivir las instituciones de defensa de los DD.HH. es que se genera una tensión en la cual las organizaciones de la sociedad civil pretenden que la Defensoría esté del lado de sus posiciones.

¿No debe ser así?
La Defensoría no deja de ser un órgano del Estado. Actúa como un ente asesor de las tomas de decisiones. No es solo una confrontación contra el Estado, sino también un acompañamiento. Esto hay que entenderlo, porque muchas veces el Estado también pretende llevarse a la Defensoría en contra de las posiciones de la sociedad civil. Mantener la objetividad en este sentido es un reto y eso hemos tratado de hacer. Con el anterior gobierno, el tema más difícil fue el impacto del extractivismo en los sectores indígenas y campesinos de la Sierra y la Amazonía.

¿La Defensoría no se ausentó de pueblos como Tundayme? Muchos de ellos ya no existen…
Éramos los primeros en llegar. Pero lo que nosotros teníamos que ver es que cualquier modelo que elija el Estado no vulnere derechos.

¿Un error o limitación de la Defensoría que Ud. reconozca?
Posiblemente nos faltó una participación más activa en procesos judiciales, a pesar de que la misma ley nos limita, pues nos dice que hacemos vigilancia del debido proceso. Por eso hace cuatro años presentamos en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo… (Diario La Hora)

FRASES

Me han preguntado si es que estoy defendiendo el puesto y he dicho que si lo hiciera más bien estuviera callado. Y más que mi continuidad o mi ‘muerte súbita’, me preocupa que la Defensoría pierda autonomía”.Posiblemente nos faltó una participación más activa en procesos judiciales, a pesar de que la misma ley nos limita, pues nos dice que hacemos vigilancia del debido proceso. Por eso hace cuatro años presentamos un proyecto de ley”.

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