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El sábado 9 de junio Rafael Correa, seguramente en Bruselas donde dice vivir, escribió en su cuenta de Twitter que iba a ser vinculado al caso del secuestro a Fernando Balda por pedido del fiscal Edwin Pérez Reina. “Nombraron -en forma absolutamente ilegal- un fiscal a dedo, con la consigna de condenarme por lo que sea”. El lunes en la tarde su anuncio se cumplió al pie de la letra.

Quienquiera que hubiera leído el tuit del sábado y luego hubiera visto que el fiscal efectivamente anunció su pedido a la Corte Nacional para que se vincule a Correa al secuestro de Balda en Bogotá, podría pensar que alguien le filtró la noticia el ex presidente. Según la defensa de Balda, esa posibilidad no es descabella pues el pedido se hizo realmente el viernes aunque solo fue hecho público el lunes.

Sin embargo, no tuvo que haber sido forzosamente una filtración. De acuerdo a cómo se ha desarrollado el caso Balda, la decisión del fiscal era absolutamente predecible y, sobre todo, lógica. En efecto, todos los hechos que se han producido dentro del proceso por el secuestro de Balda inexorablemente apuntaban a que Correa fuera sindicado. Desde el día en que la policía de Colombia apresó a los siete sicarios contratados por agentes de la Senain para secuestrar a Balda y los interrogó, la suerte del ex presidente estaba fatalmente comprometida. Gracias a las confesiones en Colombia de esos esos sicarios, en el Ecuador se apresó a tres agentes de la Senain que habían estado en Colombia coordinando el operativo; en especial un oscuro agente llamado Raúl Chicaiza.

Todos los testimonios recibidos, todas las evidencias presentadas y toda la secuencia de los hechos que llevaron al secuestro apuntan a que existe un solo autor intelectual: Rafael Correa. Por eso, el ex presidente tuvo un fin de semana de pesadilla en el que escribió muchos mensajes en los que se evidenciaba su nerviosismo y desconcierto. Incluso, hizo luego de algunos meses uno de sus “enlaces digitales” en el que se notó ansioso e inconexo. Y no es para menos, si Correa es hallado autor intelectual del secuestro tendría una condena a prisión de entre 5 y 7 años de acuerdo al artículo 161 del Código Integral Penal.

El tema es bastante claro. ¿A qué policías, agentes o funcionarios se les iba a ocurrir emprender, por iniciativa propia, un operativo tan riesgoso como ir hasta Colombia para secuestrar a Balda, que tenía una orden de prisión en el Ecuador? ¿Quién iba a financiar un operativo de esa catadura que costó al menos 100 000 dólares? Es pues, bastante evidente y lógico, que únicamente Correa podía haber ordenado o autorizado tal operación y, por eso, no era nada extraño que él hubiere deducido que inexorablemente iba a ser vinculado al caso. Además, los implicados, entre ellos el agente Chicaiza y el ex jefe de la Senain, Rommy Vallejo, habían declarado ante el fiscal haber recibido órdenes desde Carondelet para viajar a Colombia y coordinar el secuestro. Chicaiza, además, presentó un audio hecho por él mismo en el que se escucha a sus antiguo jefe de la Senain, Pablo Romero, decir que todo fue organizado por Correa. Romero, que se halla actualmente en Portugal, tiene una orden de prisión y declarará en los próximos en la Fiscalía desde ese país.

Los indicios que apuntan a Correa como el autor intelectual del secuestro parecen ser tan contundentes que hoy, luego de que se supo de la decisión del Fiscal, ni el mismo Correa ni sus partidarios atinaron a dar argumentos que permitan creer que el fiscal está obrando políticamente. Todas las reacciones estaban encaminadas a descalificar el nombramiento de fiscal, a decir que la justicia está dirigida para perseguir a Correa o a desprestigiar a Fernando Balda. Nadie, ni siquiera Correa o su mano derecha Ricardo Patiño dieron argumentos sólidas como para descargar la acusación del fiscal. En redes circularon fotografías de Fernando Balda acompañado de presuntos narcotráficantes y todos los mensajes posibles para descalificarlo. La única estrategia que tuvo el correísmo fue destruir la imagen de Balda y la Fiscalía pero en realidad no hubo argumentos de peso en defensa de su inocencia.

El caso de Correa se complica por el hecho de que también está acusado de haber utilizado de forma irregular fondos públicos. Precisamente el lunes, poco antes de conocerse la noticia del fiscal, el asambleísta de Creo, Fernando Callejas, fue hasta la Contraloría para presentar una solicitud para que se fiscalicen los fondos de la Presidencia de la República y de la Secretaría de la Administración durante la época del secuestro. Esto constituye un problema procesal muy grave para Correa ya que el peculado es un delito que no prescribe y que podría inhabilitarlo de por vida para participar en la vida política del país. El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, dijo incluso que se tendrá que iniciar un proceso por fraude procesal puesto que resulta insólito que una denuncia presentada en el 2013 y que ahora se comprueba que estaba impecablemente elaborada, nunca fue procesada por la Fiscalía.

Correa, como se ve en sus redes sociales, estaba particularmente inquieto durante el fin de semana. Se le vio nervioso y torpe, hasta el punto de que en su desesperado afán por defenderse, llegó a justificar lo de Balda alegando que no era secuestro sino una deportación legal. Como si él hubiera estado capacitado legalmente a enviar a agentes de seguridad a otro país a procesar una supuesta deportación. Además, como lo dijo el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, la lógica de Correa no funciona ya que el intento de secuestro en el que participaron los agentes ecuatorianos fue en junio y la deportación fue en octubre. Es decir, no había conexión entre uno y otro hecho.

Correa, en su desesperado afán de defenderse, está diciendo cualquier cosa. Es una vacua forma de pintar en la pared una salida de emergencia. (Martín Pallares – 4 Pelagatos)

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