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A inicios de julio, cuando llevaba menos de dos meses como ministro de Economía y Finanzas (y un nuevo proceso electoral todavía no influía en las decisiones económicas), Carlos de la Torre sugirió la posibilidad de que el Gobierno implementara una “devaluación fiscal” para abaratar los costos de producción de las empresas nacionales. Con esa propuesta, que incluía una reducción del aporte patronal al IESS, se reconocía la necesidad de devolver al sector productor algo de la competitividad perdida en los últimos años, en parte por el fortalecimiento del dólar frente a las monedas de los países vecinos, pero también como consecuencia del encarecimiento de los costos locales de producción. La medida, que muy probablemente incluía también un aumento del IVA, finalmente fue desechada y el Gobierno, al parecer, se olvidó de la competitividad y se limitó a enfrentar los problemas de la balanza de pagos imponiendo nuevas restricciones a las importaciones (al igual que el Gobierno anterior).

El mismo ministro De la Torre y el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunciaron esta semana un incremento de $11 en el salario básico unificado (SBU) para 2018, es decir, el SBU pasará de $375 a $386, lo que representa un incremento de 2,9%. Según De la Torre, “el alza se definió sobre bases técnicas, según varios aspectos como la recuperación de la economía del país, con una apreciación constante del dólar”. Más allá de que sería bueno que el ministro muestre los estudios técnicos que sustentan el alza (y, de paso, enseñe también los estudios de impacto que se usaron para elaborar la “Ley de Reactivación Económica”), llama la atención que entre los argumentos, junto con el falaz discurso de recuperación, se haya mencionado la apreciación del dólar. Si el ministro cree que el dólar se va a seguir apreciando (lo que probablemente ocurrirá si la FED sigue aumentando sus tasas referenciales de interés), ¿no significa eso que los productos ecuatorianos van a seguir perdiendo competitividad y que, por tanto, lo recomendable sería no seguir incrementando los costos locales de producción? ¿Cómo un aumento salarial cercano al 3% permite contrarrestar esa apreciación esperada en el dólar? ¿Se consideró el incremento salarial en los países con los que el Ecuador compite?

Por otro lado, en el Gobierno deberían saber que, según el INEC, este año la inflación anual terminará cerca del 0%, es decir, que los salarios habrán mantenido su poder adquisitivo, de hecho, lo habrán incrementado frente a 2016, ya que este año el SBU aumentó en 2,5%. Ese incremento, también definido por el Gobierno, se sustentaba en las proyecciones oficiales de inflación para 2017 (totalmente sobrestimadas, como muestran las cifras). ¿El Gobierno cree que los precios al consumidor se elevarán cerca de 3% en 2018? ¿Realmente prevé un dinamismo del consumo de los hogares que permita a las empresas incrementar sus precios en ese nivel? Si no revisan las cifras del INEC, ¿ningún funcionario se ha dado al menos un salto por supermercados y centros comerciales para constatar la cantidad de ofertas? ¿Creen que las empresas bajan sus precios por gusto?

Como para no generar mayores reclamos del sector empresarial, junto con el anuncio del aumento salarial el Gobierno anticipó que analizará medidas compensatorias para los empleadores. Otra muestra de la improvisación con que se maneja la economía. Si ya se sabe que las empresas necesitarán algún tipo de compensación para afrontar el aumento de los salarios, ¿no debían esas medidas estar ya definidas? ¿Cuánto tiempo más creen en el equipo económico que las empresas nacionales pueden perder competitividad? ¿Les interesa que el país gane o al menos no pierda mercados de exportación?

Dada la alta probabilidad de que el alza salarial para 2018, contrario a lo que aseguró el ministro, haya sido adoptada con criterios meramente políticos y no técnicos, es importante que el Gobierno sepa que los réditos políticos también serán bajos. Porque si bien la medida favorecerá a quienes tienen un empleo formal (y no sean despedidos), complicará aún más a quienes están buscando un trabajo, ya que las empresas ahora tienen menos incentivos para contratar. ¿Saben De la Torre y Ledesma que, según el INEC, apenas 4 de cada 10 personas que trabajan o quieren trabajar lo hacen en condiciones adecuadas? ¿Saben que la informalidad, que implica no sólo sueldos bajos sino también una situación de vulnerabilidad por la falta de cobertura de un seguro, está en niveles récord? ¿No era la creación de empleo uno de los objetivos centrales del Gobierno? Si así era, con el alza salarial que ellos mismos definieron (y con la “Ley de Reactivación” que no reactivará nada), el equipo económico se acaba de meter otro autogolazo. (José Hidalgo Pallares – 4 Pelagatos)

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