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Que una organización política reciba aportes de sus afiliados, adherentes o simpatizantes no es una irregularidad. Generalmente, en los estatutos se establecen obligaciones de ese tipo para quienes se afilian o firman algún tipo de respaldo formal. Pero, llega a ser un delito cuando intervienen tres factores. Primero, que el monto y la frecuencia no se establezcan en normas explícitas y queden a discreción de quien recauda. Mucho más si ese monto y esa frecuencia se convierten en condiciones para acceder a un puesto y para mantenerse en este. Segundo, que la ruta del dinero recaudado no sea transparente y deje dudas sobre el destino. Entre el bolsillo del aportante y las arcas partidistas no deben existir intermediarios ni recaudadores (o recaudadoras, para respetar la equidad de género y hacer justicia a la realidad). Tercero, que existan agujeros negros, que las cuentas de la organización no sean públicas y auditadas externamente.

Según se desprende de las declaraciones de la exasambleísta y actual vicepresidenta, esos factores estuvieron presentes en el caso denunciado por su exasesor. Él dice que fue obligado a cumplir con aportes variables para acceder al puesto y para mantenerlo. Ella ha aceptado que los depósitos se hacían en su cuenta personal. No ha presentado hasta el momento los certificados de transferencias o depósitos hacia su fantasmal movimiento ni a Alianza PAIS. No hay recibos entregados al aportante. Finalmente, las cuentas de esas organizaciones no han sido expuestas públicamente, de manera que no se puede comprobar, por el momento, que llegaron hasta allá.

Esos y otros detalles le sacarán ronchas a la vicepresidenta Vicuña en los procesos paralelos que ya se iniciaron en la Fiscalía y la Asamblea. Esa será la parte visible del asunto. La otra, la que se avizora entre brumas y que complica más su situación, es el misterio que envuelve al origen de la denuncia. Es verdad que esta tiene nombre, apellido, número de cédula, firma y más certificaciones que deben ir en un documento judicial. Pero, eso no aclara las dudas sobre el momento escogido y el respaldo político que tiene (imposible que no tenga) el exasesor Sagbay. El momento y el respaldo explican el contenido político de este episodio. Si se quiere saber quién busca beneficiarse con el debilitamiento y la posible salida de la vicepresidenta, hay que averiguar de dónde vienen los tiros.

Según la vicepresidenta, la pista se encuentra en la hoja de papel con la que trataba de evitar su destitución la asambleísta Espín. Supuestamente era la denuncia de Sagbay, que estaba utilizando para chantajear a la bancada gobiernista. Entonces, el fuego vendría desde Bruselas. Otra pista la proporcionan quienes sostienen que en las filas gubernamentales se vio la oportunidad ideal para llevar el barrido del correísmo hasta la exponente de más alto nivel o incluso hasta la muerte cruzada. Querría decir que el fuego salía de Carondelet. En cualquier caso, la bronca es interna, entre correístas estancados y reencauchados. Es fuego amigo, para acabar con el pasado o para evitar el futuro. (Simón Pachano – Diario El Universo) Caricatura: Asdrúbal de la Torre

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