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El artículo 146 de la Constitución establece la posibilidad de que el presidente de la República se ausente temporalmente del ejercicio de su cargo, pero por un periodo máximo de hasta 90 días. Pasado ese tiempo, la ausencia temporal se convierte en abandono del cargo, situación contemplada específicamente en el numeral 5 del artículo 145 de la misma Constitución, como una causal para que el presidente cese en sus funciones y deje vacante el cargo, abandono que, obviamente, requiere informe favorable de la Corte Constitucional y votación afirmativa de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

El artículo 149 determina que las mismas causales para el cese y vacancia del cargo de presidente son aplicables para el vicepresidente, motivo por el cual el constituyente reglamentó en el artículo 150 la sustitución del vicepresidente de la República, quien será elegido por el voto mayoritario de la Asamblea Nacional de una terna enviada por el presidente.

Al tiempo de escribir este artículo, han transcurrido más de 90 días desde que Jorge Glas fue llevado a prisión, como principal involucrado en el delito de asociación ilícita que investiga la Fiscalía General, dentro de la trama Odebrecht, proceso en el que ya fue sentenciado a 6 años de prisión.

Evidentemente, el encarcelamiento no permite a un vicepresidente ejercer su cargo.

Por esa razón, no hay duda alguna de que el cargo de vicepresidente se encuentra constitucionalmente abandonado.

Que la Corte Constitucional así lo confirme y las dos terceras partes de la Asamblea Nacional lo declaren ya es cuestión de mero trámite, pues las fuerzas políticas necesarias para ello están alineadas en ese sentido; unas, convencidas del cambio; otras, obligadas para no quedarse fuera de la corriente; y otras, aterradas buscando impunidad.

Sin embargo, en esta columna quiero ir más allá de lo estrictamente jurídico, porque la política es mucho más que la mera aplicación de la Ley.

Pensemos por un momento que Jorge Glas es inocente de todas las acusaciones que enfrenta hoy. No me refiero a asociación ilícita solamente, sino a los otros delitos que se investigan y en los que, según la Fiscalía General habría participado, como cohecho, concusión, lavado de activos, por mencionar algunos.

Pensemos que su tío actuó a sus espaldas y que Odebrecht fue engañado por un pariente del funcionario público de más alto nivel encargado de los sectores estratégicos, y que la asignación de los contratos a la constructora fue mera coincidencia.

Digamos que las delaciones son mentirosas y que la justicia de EE.UU. y de Brasil han sido embaucadas por don Marcelo y su combo.

Aun en ese escenario idílico y favorable, ¿no cree usted, amigo lector, que un funcionario público envuelto en esta vorágine de corrupción, en cuyas narices se ha paseado la corrupción y el despilfarro de los recursos estatales, y a quien le han retirado sus funciones, debió haber renunciado?

Sin duda hay ausencia definitiva del cargo de vicepresidente, pero antes que ello, ha existido ausencia absoluta de respeto, dignidad y responsabilidad política para con el país. Esa ha sido la mayor ausencia, en realidad.

Ojalá los nuevos vientos le devuelvan algo de decencia a la política en el Ecuador. (Pedro Valverde – Diario El Universo) Foto. Revista Vistazo

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