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El reporte sobre mercado laboral que el INEC publicó ayery que contiene cifras hasta septiembre de este año deja claro por qué el empleo (o, más precisamente, la dificultad para conseguir empleo) es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y también del Gobierno. Si bien el reporte no muestra mayores cambios frente a septiembre del año pasado (de hecho, para la mayoría de los indicadores el INEC señala que las variaciones entre ambos meses no son estadísticamente significativas, es decir, que se ubican dentro de los márgenes de error de la encuesta), el hecho de que el mercado laboral no se haya deteriorado frente a septiembre del año pasado está lejos de ser una buena noticia.

En realidad, los indicadores laborales de ese mes ya eran bastante pobres, con una tasa de empleo adecuado (que se refiere a las personas que perciben ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas semanales o que no completan la jornada legal porque no quieren trabajar más horas) que apenas rondaba el 40% de la población económicamente activa (PEA). En otras palabras, en septiembre de 2017 tan sólo 4 de cada 10 personas que trabajaban o que estaban buscando un trabajo tenían lo que el INEC considera un empleo adecuado. Esa situación, según las últimas cifras oficiales, se mantiene, al igual que una tasa de empleo inadecuado (personas cuyos ingresos no llegan al salario mínimo, sin importar si están dispuestas o no a trabajar más horas, y personas que trabajan sin recibir una remuneración) en torno al 55% de la PEA. La tasa de desempleo (4% de la PEA) es irrelevante, porque se refiere sólo a las personas que están buscando activamente un empleo sin percibir ningún tipo de ingreso laboral; si una persona está buscando trabajo y, mientras tanto, vende sánduches o jugos para generar algún ingreso, no es un desempleado sino un empleado inadecuado.

Esos indicadores laborales (que se han mantenido en niveles similares desde 2016; es decir, antes de que iniciara el ingreso masivo de venezolanos, a quienes algunas voces quieren culpar por la falta de empleo en el Ecuador) deberían dejar claro al Gobierno que, más allá de la desaceleración económica que obviamente afecta a la creación de puestos de trabajo, la política laboral de los últimos años, que en poco ha cambiado durante la actual administración, tampoco contribuye a mejorar esa situación. Por el contrario, la extrema rigidez del mercado laboral (reflejada, por ejemplo, en los enormes costos de despido que hacen que un empresario piense varias veces antes de contratar a un nuevo trabajador) no favorece en nada a ese casi 60% de la PEA que trabaja en condiciones inadecuadas o que directamente no tiene empleo.

En ese sentido, la política laboral no puede seguir estando definida por lo que exijan los sindicatos (que representan apenas a una parte de quienes tienen la suerte de trabajar en el sector formal), sino que debe tener como centro a esa enorme mayoría de personas que, justamente por la falta de empleos en las empresas formales, subsisten desempeñando trabajos muchas veces precarios y que no cumplen con condiciones mínimas como salario básico y afiliación a la seguridad social. Esas condiciones se deben garantizar, porque una reforma a la política laboral no puede significar que los trabajadores queden expuestos a abusos por parte de empresarios inescrupulosos. Pero, al mismo tiempo, parece claro que cualquiera de las miles de personas que, según el INEC, llevan más de 25 semanas buscando empleo estaría gustosa de entrar a trabajar ahora mismo en una empresa aunque eso no le asegure una enorme indemnización en caso de que más adelante esa misma empresa llegue a prescindir de sus servicios (al respecto, debe quedar claro que los empresarios no despiden a alguien por gusto sino para tratar de garantizar la sostenibilidad de su empresa, o también porque esa persona no hacía bien su trabajo).

Otro componente de la política laboral es el salario básico unificado, cuyo crecimiento, una vez que alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, debería ir de la mano con el aumento de la productividad o, en todo caso, con el incremento de los precios (para que los ingresos no pierdan poder adquisitivo). En ese sentido, si la inflación se mantiene como hasta ahora en torno al 0%, los salarios no deberían subir el próximo año. Los sindicatos seguramente exigirán alzas sin ningún sustento, pero el Gobierno, que al final es el que determina los aumentos, debe saber que un nuevo incremento no sólo reduciría los incentivos de las empresas para contratar nuevo personal, sino que también afectaría a la ya golpeada competitividad del sector productivo.

En resumen, las cifras que acaba de publicar el INEC (y que ojalá el ministro de Trabajo no salga a criticar para tratar de mostrar una situación supuestamente mejor) deben llevar a las autoridades a tomar medidas concretas para impulsar la contratación en el sector formal de la economía. Es decir, el objetivo de la política laboral debe ser mejorar las oportunidades de esos millones de personas que trabajan en condiciones precarias o que directamente no tienen un empleo. Más allá del ruido que puedan hacer los sindicatos (para lo cual una salida es que los cambios laborales afecten únicamente a los contratos nuevos), el Gobierno debe tener presente que esos grupos de presión representan apenas a una minoría de afortunados. (José Hidalgo – 4 Pelagatos)

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