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¿Cómo puede un opositor de Rafael Correa o alguien que no haya simpatizado con él hacer una veeduría sobre el proceso de contratación de deuda durante su gobierno? Esto preguntaba en Twitter, todo alborotado e indignado, el súper correísta Virgilio Hernández poco después de que que el contralor Pablo Celi anunció que un grupo de ciudadanos acompañarán a esa institución de control durante el análisis que hará de la contratación y manejo de la deuda contratada entre enero del 2012 y mayo del 2017.

La pregunta, evidentemente, se la planteaba Hernández porque él debe haber estado acostumbrado a que las veedurías que se hacían bajo el pedido de Correa estaban integradas por amigos suyos mientras que las que se constituían con personas que no tenían nada que ver con él terminaban siendo perseguidas por la justicia o incluso en la cárcel. Basta con dos ejemplos: cuando Correa quiso auditar la deuda contraída durante la larga y triste noche neoliberal, en el 2007, colocó a su íntimo amigo Ricardo Patiño a la cabeza de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAIC, pero cuando se hizo una veeduría para investigar los negocios entre el Estado y su hermano Fabricio, con veedores que no eran sus amigos o partidarios, se les dictó orden de prisión y uno de ellos solo pudo salir de la cárcel gracias a un reciente indulto del presidente Lenín Moreno.

Con antecedentes como esos, para gente como Virgilio Hernández o para el propio Rafael Correa que también se quejó en Twitter por los integrantes de la veeduría, no es de sorprenderse que les llame tanto la atención y que les indigne que haya una veeduría con personas que han sido críticas o al menos distantes del correísmo. “Habiendo amigos ponen a enemigos” es, más o menos, el razonamiento del que brota la pregunta del indignado Virgilio Hernández.

El cuestionamiento que hacen los correístas a los veedores escogidos por el contralor Pablo Celi, tiene un problema: esta veeduría no va a elaborar ningún informe ni a ocasionar ningún fallo judicial o algo por el estilo. Lo único que harán los veedores presentados por Celi es ver y evaluar el trabajo del equipo de Contraloría que, dicho sea de paso, ya elaboró un documento preliminar que sirvió para notificar a Rafael Correa el lunes 8 de febrero. Es más, según informó El Universo el contralor Pablo Celi dijo el lunes haber llegado a al menos cinco hallazgos preliminares. Una es la declaratoria de decretar reservada la documentación de la deuda. Otra, las operaciones de venta anticipada de petróleo que no fue considerada deuda,y, el decreto ejecutivo 1218, en el cual se disponía tomar la deuda consolidada como índice de la deuda y no la total. Asimismo, Celi dijo que se investiga el convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador, al cual se le dio un rol de gestor y pagador. Es decir que, a diferencia de la CAIC presidida por Patiño o la Comisión de la Verdad que Correa conformó en el 2010 para investigar los casos de violación de los derechos humanos durante el gobierno de León Febres Cordero, esta veeduría no redactará ningún documento vinculante.

Aunque las figuras más visibles del círculo íntimo de Correa como Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira o los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado no se pronunciaron sobre esta veeduría y prefierieron más bien retuitear la opinión de figuras menos relevantes del correísmo, también hubo una corriente que cuestionó la veeduría pero desde una visión supuestamente legal. Doris Soliz, ex ministra de Correa, así como Edwin Jarrín, actual vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, salieron a desconocer la capacidad legal de la Contraloría para conformar veedurías. Soliz, por ejemplo, en un mensaje colocado en su cuenta de Twitter en donde incluye textos de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sostiene que la veeduría es ilegal porque no está alineada con una ley sobre veedurías. “Vean como (sic) se organiza una ‘veeduría’ sin cumpir la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento de Veedurías”. Soliz no determina dónde está la contradicción de la iniciativa del contralor Celi con ese cuerpo legal. Incluso un usuario de esa red social le hizo notar que no ha especificado dónde está la violación a la ley.

Edwin Jarrín del CPCC, hace algo parecido pero en sus conclusiones dice que únicamente el Consejo de Participación Social y Control Social, del cual él es vicepresidente, tiene facultad para conformar veedurías. Jarrín habla de la veeduría como una “comisión ad hoc” y dice que nadie puede ser juzgada sino por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. El Vicepresidente del CPCC sostiene, en resumen, que la veeduría anunciada por Celi tiene atribuciones juzgadoras, algo que es falso, y además da a entender que si la veeduría fuera conformada por el CPCC, entonces sus miembros sí serían imparciales e idóneos. En otras palabras, Jarrín dice que si la veeduría no es conformada por un organismo profundamente correísta, como el CPCC, no tiene validez ni legalidad. En ton leguleyesco dice lo mismos que Virgilio Hernández: si la veeduría no está conformado por los amigos de Correa ni es legal ni tiene legitimidad.

Ante estos cuestionamientos en la Contraloría se dijo a 4Pelagatos que la conformación de la veeduría se sustenta en el artículo 95 de la Constitución que dice lo siguiente: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”.

Para la Controloría, la Constitución es la norma suprema que establece que absolutamente todos los ciudadanos tienen derecho a participar en el control de las instituciones del Estado y que no hay norma menor que sea capaz de limitar ese derecho. Además señala que no existe ninguna norma que diga expresamente que únicamente el CPCC está facultado a conformar veedurías.

A los correístas les pareció muy bien cuando su máximo líder en el 2007 decidió que su íntimo amigo Ricardo Patiño presida la Comisión que investigaría la contratación de la deuda pública durante la larga y triste noche neoliberal. También han dicho que la iniciativa del contralor Celi no cabe porque el anterior contralor, Carlos Pólit, ya había auditado la deuda. Ese trabajo sí les convino porque fue hecho por un contralor amigo, ciego y dedicado a recibir y cobrar coimas; un contralor que está fugado y enredado en el tema de Odebrecht hasta el pescuezo. Pero cuando aquellos que van a escudriñar la deuda contraída por Correa no son sus amigos ni sus empleados, ah, la cosa ahí es muy distinta.

Los correístas no entienden de institucionalidad ni del imperio de la ley. Cuando las cosas se hacen dentro de esos principios, la filiación política o las simpatías de los fiscalizadores no importan. Lo que importa es que las cosas se hagan legalmente y que los resultados de las auditorias o de las fiscalizaciones sean creíbles, legítimas y documentadas. En un sistema democrático civilizado, el que un contralor sea simpatizante o no del funcionario es algo irrelevante. El resultado de la investigación es lo que importa. Para los correístas, todo se basa en los compadrazgos y eso se debe precisamente a que ellos actuaron así. 

En la foto de la Presidencia, Rafael Correa durante el acto de entrega del informe sobre la deuda pública en el 2008. (Martín Pallares – 4 Pelagatos)

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