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La Comisión de Fiscalización dejó de tramitar el juicio político al exvicepre-sidente de la República. 

La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de ayer domingo giró en torno al análisis jurídico elaborado por su presidenta, la asambleísta María José Carrión, donde sostuvo que el poder Legislativo ya no es competente para enjuiciar políticamente a Jorge Glas, ya que él perdió el cargo el 2 de enero.

De acuerdo con Carrión y su interpretación de los artículos 129 y 131 de la Carta Magna, para los casos del Presidente y Vicepresidente no se permite el enjuiciamiento político una vez que ellos están fuera del cargo. Pero sí existe la posibilidad de enjuiciar políticamente a las demás autoridades que no ostentan esos dos cargos, como sucedió con el excontralor Carlos Pólit, hasta un año después del fin de sus funciones.

Carrión afirmó que enjuiciar a Glas violaría su garantía de ser juzgado por un juez competente. “Hemos perdido esa competencia”, sostuvo. En tal razón, suspendió la sesión prevista para esta tarde, a las 17:00, donde Glas iba a ejercer su derecho a la defensa.

Contrapunto 
La decisión ocasionó la protesta de los legisladores Raúl Tello y Homero Castanier, que piensan que la Comisión de Fiscalización no está facultada para dejar de llevar a cabo un juicio político ya en marcha.

“En derecho público sólo se puede hacer lo que está escrito”, dijo Castanier, mientras que Tello afirmó que la Comisión debía conocer las pruebas de cargo y descargo, elaborar un informe y era el Pleno el que debía decidir si censuraba a Glas o se declaraba incompetente para hacerlo.

Tanto Tello como Castanier sostuvieron que el proceso del juicio ya había iniciado, tanto así que el mismo fue admitido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y calificado por la Comisión de Fiscalización. Todo esto con posterioridad a un dictamen de la Corte Constitucional.

El legislador morenista Daniel Mendoza, sin embargo, afirmó que el juicio a Glas nunca empezó porque todavía el mismo no era tratado por el Pleno del Parlamento.

Respaldo oficialista
Los cercanos al oficialismo respaldaron la postura de Carrión. “No renunciamos a la facultad de hacer juicio político que tiene la Asamblea, pero es aplicable exclusivamente a lo que señala la Constitución. No podemos enjuiciar a otras personas”, sostuvo la legisladora Silvia Salgado.

Al final, Carrión suspendió la sesión anunciando que emitirá un escrito al presidente de la Asamblea, José Serrano, indicando que el poder Legislativo ya no es competente para continuar el juicio. “Al querido pueblo ecuatoriano, el cual nos puso en esta alta representación, a pedir las disculpas del caso, jamás hemos sido parte de procesos de corrupción, jamás seremos parte, cómplices o encubridores”, señaló en su intervención y también insistió en que habría que reformar la constitución para que en el futuro se puedan hacer juicios políticos a expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Críticas
El legislador Roberto Gómez, proponente del juicio político, alertó que la suspensión de la sesión que iba a darse a las 17:00 de ayer, en lugar de garantizar el derecho de Glas de ser juzgado por un magistrado competente, vulnera su derecho a la defensa. Además, criticó la posición de Carrión. “No se votó ningún informe, la presidenta expresó su opinión”, dijo. “El camino al juicio político, en esta etapa del proceso, es que la Comisión tiene que elaborar un informe y ponerlo a conocimiento del Pleno, hacer lo contrario sería caer en la ilegalidad”.

Por su parte, la asambleísta  Ana Galarza escribió en su cuenta de Twitter (@AniMeGalarza) que “Glas fue un alfil que sacrificaron en el ajedrez de la corrupción. Ya sentenciado y con 8 procesos encima no lo quieren en la Asamblea porque vaya a abrir la boca y embarrar al rey”.

Mientras tanto, el abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, sostuvo en su cuenta (@Efrancoloor) que “nunca hubo causales para juicio político” a su cliente. Y rechazó que se haya elegido un reemplazo. “Vicepresidente Jorge Glas fue defenestrado por la Asamblea Nacional en un acto inconstitucional, avalado por una inmoral decisión política-judicial, porque siendo inocente fue detenido y sentenciado sin pruebas todo para habilitar la ausencia temporal”.

Aclaración
° El asambleísta Roberto Gómez aclaró que los legisladores Franco Romero y Fernando Burbano fueron aliados de CREO, por cuanto constaron en las papeletas y fueron electos en el contexto de la alianza, sin embargo, no son parte del movimiento. El bloque de Creo no votó por Alejandra Vicuña y cuando la vicepresidenta empezó su discurso, se retiraron del salón del pleno. (Diario La Hora) 

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